Por:  Redacción/

El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN) propuso solicitar la intervención de las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y de la Federal de Competencia Económica (Cofece), con el fin de analizar el mercado del gas licuado de petróleo (LP), y en caso de comprobar la inexistencia de condiciones de competencia efectiva, establecer la regulación de precios máximos correspondiente.

A través de un punto de acuerdo que analiza la Tercera Comisión de la Permanente, recordó que a partir del 1 de enero de 2017 se liberó el precio del gas LP y la falta de competencia en este mercado ha provocado incrementos exorbitantes de entre 40 y 60 por ciento en algunas entidades federativas.

Indicó que para ejemplificar de mejor manera estos aumentos, los cilindros convencionales de 20 kilos que en diciembre de 2016 costaban menos de 310 pesos, en enero de este 2018 incrementaron su valor hasta 439 pesos.

“Si consideramos que el 76 por ciento de los hogares mexicanos utilizan el gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos y calentamiento de agua, el impacto a la economía de las familias ha sido brutal en tan solo un año”, añadió.

Ramírez Núñez argumentó que de acuerdo con el registro de costos máximos que los distribuidores están obligados a reportar a la CRE, los estados más afectados en 2018 son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, en 15 entidades los precios han superado los 20 pesos por kilogramo.

Mencionó que derivado de ello, en 2017 se tuvo la inflación más alta en 17 años. “El shock que estamos padeciendo los mexicanos con el incremento del gas LP ha sido provocado por una deficiente implementación de la reforma energética, que prometió que bajarían los precios de los energéticos”.

El diputado del PAN resaltó que no se puede mostrar indiferencia a los reclamos de la sociedad respecto al alza en el precio del gas LP en 2017. “Debemos ser conscientes que los mayores costos de este insumo están afectando a más del 70 por ciento de la población y ello desencadena el incremento en otros rubros”.

Puntualizó que este mercado todavía no muestra la madurez suficiente que permita suponer que existen condiciones reales de competencia. Por ello, “es necesaria la intervención del máximo órgano en materia de competencia económica, para que se analice este mercado y genere una opinión en la que se precisen recomendaciones que deriven en mejores precios para la sociedad”.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se sancionó en 2017 a 128 empresas distribuidoras de gas LP, principalmente por no despachar litros y kilos completos, no exhibir precios, no respetar el precio exhibido y vender cilindros que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, “lo que de alguna manera advierte que en este mercado -en concreto las reglas- no se cumplen”.

Ulises Ramírez añadió que el Congreso de la Unión impulsó una reforma constitucional con el objetivo de transitar a un modelo competitivo, en donde la sociedad debe ser el principal beneficiado, por lo que al no percibirse condiciones reales de competencia, es imperante la intervención tanto de la Cofece como de la CRE.