Por: Redacción/

El senador panista Raúl Gracia Guzmán presentó una iniciativa de reformas al artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el fin de que el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados, los Ejecutivos estatales y los Congresos estatales y de la Ciudad de México aprueben y destinen los recursos económicos suficientes, para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Además, en su propuesta, el legislador por Nuevo León planteó que en todos los presupuestos se deberán considerar recursos económicos, sin dejar pasar algún ejercicio fiscal.

“La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es un instrumento legal que busca incidir de manera directa en la reducción del delito, tomando como base la prevención, desde su publicación a la fecha no ha sufrido ninguna reforma, esto no quiere decir que el instrumento tenga una eficacia y vigencia que le permita aplicarse y que los resultados obtenidos son a los que se aspiraba cuando se promulgó, en enero de 2012”, expuso.

Indicó que al Programa Nacional de Prevención del Delito, que forma parte de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se le dotó de recursos económicos para su aplicación.

Estos recursos, explicó el legislador por Nuevo León, variaban de acuerdo con lo que el Ejecutivo enviaba a la Cámara de Diputados, que año con año aprobaba cantidades que variaban en cada Ejercicio Fiscal, desde 2014 fecha, cuando entró en vigor el programa, hasta llegar a 2017, año en el que ya no se le destinaron recursos económicos, y en este 2018 se le volvió a otorgar

El senador detalló que, por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2014, fecha en la que entró en vigor el programa, se destinaron recursos económicos y en 2018 se le volvió a otorgar dos mil 595 millones de pesos; para 2015 la cifra ascendió a dos mil 683 millones de pesos.

Sin embargo, para el año 2016 la cifra destinada descendió a dos mil 15 millones; para 2017 no se destinaron recursos; y para el 2018 se destinaron apenas 300 millones de pesos, señaló.

“La falta de recursos económicos para la implementación de los programas para combatir el delito coincide con el incremento en la incidencia delictiva en todo el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, manifestó.

Los principales resultados de la ENVIPE 2017 estima que en 2016 hubo 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 788 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas entre 2013 a 2015, expuso.