Por: Redacción

La diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano), presidenta de la Comisión de Protección Civil, impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para que exista una mayor protección en la calidad de los posgrados en medicina, ya que algunos médicos son estafados por instituciones que brindan una educación de mala calidad y sin los permisos correspondientes.

Lo anterior, subrayó, genera condiciones inaceptables para la atención de los pacientes y propicia procesos judiciales, en los que algunos profesionistas de la medicina son sancionados por ejercer una especialidad que no está adecuadamente validada, tanto en términos académicos como legales.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y que modifica los artículos 80 y 81 de dicha ley, plantea establecer que sólo las instituciones educativas cuyos programas de especialidades, maestrías o doctorados en medicina que obtengan las opiniones favorables correspondientes por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, podrán ser autorizadas por las autoridades educativas correspondientes para impartir sus programas de posgrado.

La legisladora mencionó que las autoridades educativas estatales no cuentan, en ocasiones, con los elementos necesarios para determinar si un programa de posgrados en medicina proporciona o no las herramientas técnicas indispensables para asegurar la integridad de los pacientes, avalando, sin que necesariamente se registre una irregularidad, programas y certificaciones que pueden cobrar la vida de miles de personas.

Orantes López ejemplificó que existen programas de maestría en línea o semipresencial para cirugía estética, avalados por algunas autoridades locales, que al no cumplir con las necesidades mínimas, como el ser impartidos en hospitales, no son reconocidas por ningún Consejo Médico de Especialidad y, en consecuencia, no deberían realizar cirugías estéticas.

Sin embargo, añadió, por lagunas legales en la coordinación de autoridades, llegan a ejercer estos procedimientos médicos poniendo en riesgos importantes a los pacientes.

Resaltó que se estima que por cada cirujano plástico y estético capacitado adecuadamente, hay 15 personas que se dicen especialistas sin serlo y aplican productos como aceite de cocina, de coche o para bebé, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar enfermedades, amputaciones o hasta la muerte.

Recordó que entre 2012 y febrero de 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) suspendió 412 consultorios, lo que representó un crecimiento del 232 por ciento en relación con los 124 de 2012. Entre las consideraciones para llevar a cabo estas acciones se encuentran las cédulas médicas y las licencias sanitarias.

Por ello, dijo, se plantea fortalecer las facultades de Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y respaldar a las autoridades educativas locales y federales en el ejercicio de sus atribuciones.