Por: Redacción/

La diputada María García Pérez (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, expresó que según un estudio de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM), existe un crecimiento vertiginoso de los ciberadictos al identificar que 80 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 21 años utilizan internet para chatear o jugar, y 2 por ciento de 11 a 18 años es adicta a las redes sociales.

En la actualidad, las tecnologías de la información están transformando las costumbres de los jóvenes, quienes, según especialistas en salud mental, llegan a obsesionarse con su uso y se muestran incapaces de controlarlas, lo que puede poner en peligro la estabilidad emocional, desarrollo y calidad de vida, refirió.

La adicción a Internet se caracteriza porque ocupa una parte central de la vida de los jóvenes, causa pérdida de habilidades en el intercambio personal y provoca una especie de analfabetismo relacional, además de facilitar la construcción de vínculos sociales ficticios.

La ciberadicción se establece cuando las niñas, niños y adolescentes pierden interés en convivir con sus pares y se instalan frente a la pantalla con sus videojuegos; prestan más atención a su dispositivo que a la relación con otras personas; no rinden en los estudios y, con ello, hay una clara interferencia negativa en la vida cotidiana.

Ante esta situación, la diputada impulsa una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, con el objetivo de crear el Programa Nacional para la Prevención y Atención al Uso Nocivo de las Nuevas Tecnologías en Línea.

Advirtió que la exposición excesiva a los medios electrónicos durante la niñez tiene efectos negativos en la edad adulta, como sobrepeso, obesidad, problemas visuales y trastornos emocionales.

Además, como ocurre en las adicciones químicas, las personas apegadas a una determinada conducta experimentan un síndrome de abstinencia cuando no pueden llevarla a cabo, caracterizado por la presencia de un profundo malestar emocional, insomnio, irritabilidad e inquietud psicomotriz.

Mencionó que el atractivo de Internet para los jóvenes es que tiene respuestas rápidas, recompensas inmediatas, interactividad y múltiples ventanas con diferentes actividades; sin embargo, hay riesgos más importantes como el acceso a contenidos inapropiados, acoso o pérdida de intimidad.

Además, en las redes sociales los menores de edad son objeto de delitos como acoso, pedofilia, trata de personas o ciberacoso, y se relaciona con suicidios de niños y adolescentes que no saben cómo manejar estas situaciones.

García Pérez señaló que los más propensos a engancharse a Internet son aquellos individuos con problemas de personalidad como timidez excesiva, baja autoestima o rechazo de la imagen corporal; asimismo, quienes sufren depresión, trastorno de déficit de atención, fobia social u hostilidad.

“Ante esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluirá, por primera vez, el trastorno por videojuegos como una enfermedad mental, al incorporarlo en su próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11)”, comentó.

La legisladora consideró que debe haber políticas preventivas que incluyan la educación sobre los beneficios de las tecnologías digitales. “Es conveniente que existan reglas básicas sobre su uso en los salones de clases y fortalezcan las medidas preventivas, a través del desarrollo de habilidades para la vida y de manejo de emociones”.

Reconoció que la tecnología tiene avances y beneficios, pero también un impacto negativo para millones de menores; por ello, propuso modificar el capítulo V del título décimo primero de la citada Ley, para adicionar los artículos 193 Ter y 193 Quáter.

La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Salud para su análisis, propone que la Secretaría Federal del Ramo y el Consejo Nacional contra las Adicciones se coordinen con las instituciones de educación y organismos de los sectores privado y social, para diseñar y ejecutar el Programa Nacional para la Prevención y Atención al Uso Nocivo de las Nuevas Tecnologías.

Asimismo, trabajarán en prevenir el empleo indebido de estas últimas en el desarrollo de campañas públicas orientadas a las escuelas, y a las madres y padres de familia, para aumentar la conciencia pública sobre los riesgos del mal uso de ellas, así como sus consecuencias en las relaciones sociales. Reforzarán las medidas de protección a los menores de edad ante los delitos cibernéticos, en coordinación con las autoridades competentes.

“El trabajo entre los sectores de salud y educación facilitará el logro de estas acciones y será conveniente el enlace con organismos de la iniciativa privada y de la sociedad civil”, finalizó María García Pérez.