Por: Redacción/

Para cerrar espacios a la discrecionalidad y el desvío de recursos públicos, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del PAN, mediante una iniciativa propuso una serie de candados en la adquisición de contratos entre dependencias y entidades públicas, para conseguir bienes o servicios.

Lo anterior, dijo, debido a que las contrataciones que se realizan al amparo de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras Públicas, se realizan con “excesiva discrecionalidad”, debido a que sus controles son “mínimos” en los procesos de licitaciones públicas.

Precisó que la Auditoria Superior de la Federación, en los respectivos informes de los ejercicios fiscales de 2012 a 2018, dio cuenta de un uso irregular de los recursos públicos derivados de las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas.

En este tipo de esquemas, señaló, participan universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, aunque también se identificó la participación de empresas paraestatales, entidades federativas y la propia federación.

Entre los candados que establece la iniciativa, se planeta que todos los procesos realizados mediante este tipo de contratos, deberán realizarse bajo la supervisión puntual de los órganos internos de control, en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y seguimiento de los mismos.

También se busca prohibir los contratos con la figura jurídica de sociedades en participación.

Puntualizó que es fundamental reducir y eliminar los riesgos detectados en la fiscalización que realiza la ASF, e incorporar a todos los contratos que celebran las dependencias públicas con otros entes de carácter público para evitar espacios de discrecionalidad y desvío de recursos.

La iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.