• El objetivo es garantizar el mínimo de dignidad humana al personal que, derivado de sus actividades, pone en riesgo su integridad.

Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) propuso reformar la Ley de Austeridad Republicana, a fin de que se pueda otorgar seguro de gastos médicos, de vida o de pensiones, al personal que labora en las áreas de Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana, Centros Penitenciarios y de Reinserción Social.

Marco Trejo Pureco, senador del GPPRD, señaló que el objetivo es garantizar el mínimo de dignidad humana al personal que, derivado de sus actividades, pone en riesgo su integridad, a lo que suma el contexto de la actual emergencia sanitaria por COVID-19, lo que profundiza el riesgo de enfermedad e incluso muerte.

De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, del 1 de enero de 2018 a diciembre de 2020 fueron asesinados al menos mil 422 policías en México; 2020 fue el año más violento para los uniformados con un registro de 524 muertes, un promedio de 1.42 asesinatos al día.

La iniciativa presentada por los senadores del GPPRD, Marco Trejo Pureco y Omar Obed Maceda Luna, destaca que el objetivo es fortalecer la función de seguridad ciudadana, para que trabajar como policía sea visto como una opción de desarrollo profesional y no solamente como un modus vivendi, para ello es necesario preponderar el aspecto humano de la función policial y de procuración de justicia.

Trejo Pureco recordó que la Ley Federal de Austeridad Republicana, que entró en vigor el 19 de noviembre de 2019, establece en su Artículo 22 la prohibición de contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, así como seguros de gastos médicos privados o seguros de vida.

Por ello, precisó, se propone reformar el Artículo 22 de dicha ley, a fin de “incorporar la excepción para la prohibición de contratación de seguros de gastos médicos privados y seguros de vida al personal operativo de las áreas de Procuración Justicia, Seguridad Ciudadana, Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, cuyas funciones debidamente acreditadas pongan en riesgo su vida por el sólo hecho de desempeñar su empleo, cargo o comisión.”