Por: Redacción

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el punto de acuerdo de las diputada federal del PRD Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, para exhortar a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para que se ejerza el 100% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 destinado para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia.

Las legisladoras subrayan que los resultados de las auditorías financieras y de cumplimiento, muestran que el etiquetamiento de recursos en el PEF para refugios y centros de atención externa en 2014 equivalieron para su operación a 350 millones de pesos; año en que existió una devolución por 100 millones de pesos con la justificación, por parte de la Secretaría, de que los refugios “tuvieron imposibilidad administrativa, legal y económica para cumplir con las disposiciones establecidas en la convocatoria”, sin embargo se tiene evidencia de refugios a los que no se les autorizaron sus proyectos, aun cuando cumplían con la normatividad.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud transfiere recursos a las entidades federativas para el programa “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género” y también es responsable de verificar que los recursos del programa se destinen para los fines que fueron otorgados, así como el monto de los recursos presupuestarios por transferir, las comprobaciones y los reintegros de los recursos no aplicados.

“Los refugios salvan vidas y son, hasta ahora, el mecanismo más articulado para prevenir los feminicidios, sin embargo la convocatoria actual los clasifica como Proyectos de coinversión en los que las Organizaciones Civiles coadyuvan con el compromiso y la obligación del Estado, por lo que el hecho de que en la convocatoria se destine presupuesto solo para 8 meses de la operación de los mismos vulnera no solo el derecho de las víctimas a contar con espacios dignos y de protección, sino de las profesionistas que atienden y operan los Refugios y Centros de Atención Externa ya que es imposible mantener la operación sin honorarios”.

El punto de acuerdo subraya que estar operando sin recursos, como lo están haciendo hasta el momento, pone en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas víctimas de violencias, y vulnera su derecho a contar con un espacio de protección como lo marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Recomendación 19 de la CEDAW al Estado mexicano. Del mismo modo continuar retrasando la liberación de los recursos y las notificaciones de los proyectos aprobados, pone en riesgo su existencia.

Por tal motivo, proponen además un exhorto a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para que se disminuya a 40 días naturales el plazo establecido para la notificación de resultados a los proyectos aprobados en la Convocatoria para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso, sus centros de atención externa 2017

Finalmente, el punto de acuerdo turnado a la segunda Comisión de la Comisión Permanente y que también fue suscrito por la Diputada perredista Marisela Contreras, pide que en el programa de “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género” se incluyan en los convenios específicos (AFASPE) la obligación de las unidades ejecutoras en la entidades federativas a informar a la Secretaría de Salud la fecha de recepción y el monto de cada una de las ministraciones que les radique la Secretaría de Finanzas o su equivalente en cada Estado y se establezcan fechas límite para que las entidades federativas realicen la comprobación del ejercicio de los recursos.