Por: Redacción/

La discriminación a las personas con sobrepeso u obesidad por parte de las empresas o instituciones gubernamentales es un factor que genera altos costos para la sociedad, al impedir a quienes padecen estas afecciones el acceso a un trabajo y los consiguientes ingresos, por lo cual es necesario modificar tres leyes para acabar esa práctica, aseveró la diputada Patricia Aceves Pastrana.

“Las personas obesas se enfrentan cada vez más a actitudes y acciones discriminatorias sólo equiparables al racismo y a la homofobia, siendo víctimas de una sociedad cruel y prejuiciosa, además del escarnio público en medios de comunicación, películas y revistas”, puntualizó.

En entrevista, la legisladora federal de Morena explicó que los males relacionados con las conductas alimentarias de riesgo –como la obesidad, bulimia y anorexia–, son un problema de salud pública que ha rebasado los recursos y programas destinados por el Gobierno Federal para ofrecer una solución a las personas afectadas.

Al respecto, propuso eliminar la discriminación de las personas por motivo de su peso y talla mediante una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

La también Secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideró que la sociedad no únicamente debe aceptar y respetar a toda persona excedida de peso, sino también brindarles las mismas posibilidades de desarrollo que al resto de la población, dado que la obesidad no afecta la capacidad intelectual, ni un desempeño eficiente en el trabajo.

Aceves Pastrana mencionó que cada vez es más frecuente encontrar anuncios clasificados de vacantes laborales con requisitos específicos sobre edad, talla y peso, mientras que en los medios de comunicación la delgadez es tomada como un valor supremo, modelo que incita a las personas a cometer actos que ponen en riesgo su salud.

“Es necesario entender la discriminación como la distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objetivo obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos o libertades en razón del origen étnico, color de piel, género, discapacidades, talla, peso, embarazo, entre otros”, recalcó.

En ese contexto, la diputada federal capitalina hizo un llamado a las demás fuerzas políticas representadas en el Recinto Legislativo de San Lázaro a custodiar el bienestar de todas las personas, lo que incluye prevenir los riesgos que pueden alterar su calidad de vida.