Por. Redacción/

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) propuso endurecer la pena de cárcel por el delito de amenazas y que, en caso de que se cometa contra una mujer, la sanción aumente una tercera parte y se dicten medidas de protección, con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar peores expresiones de violencia.

Por medio de una reforma al artículo 282 del Código Penal Federal, plantea que la prisión vaya de tres meses a un año, o de 180 a 360 días de multa para el delito de amenazas contra familiares o contra una mujer y en cuya comisión concurran razones de género. En esos casos, señala la propuesta, el Ministerio Público indicará las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física o psicológica de la víctima.

Entre esas medidas, refiere la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima; vigilancia y protección policial, y la separación inmediata del agresor del domicilio de la persona afectada.

En el documento, turnado a la Comisión de Justicia, la legisladora menciona que en México el delito de amenazas se ha incrementado en los últimos años y es el quinto más común, después del robo en la calle o transporte público, extorsión, fraude y hurto parcial de vehículo.

Añade que la violencia de género es uno de los principales problemas que enfrenta el país, pues de manera cotidiana las mujeres son extremadamente vulnerables a cualquier tipo de agresión, desde el acoso en espacios públicos hasta el feminicidio que, en 2018, cobró la vida de 10 mexicanas cada día.

En la actualidad, para el delito de amenazas se establece una sanción de tres días a un año de prisión, pero no refiere casos de violencia de género.

La legisladora consideró que es fundamental atender los indicios de este tipo de violencia y que la autoridad actúe en consecuencia para evitar que esas manifestaciones den paso a peores expresiones de agresividad contra las mujeres.

Aunque la violación de los derechos humanos afecta tanto a hombres como mujeres, su impacto varía según el género de la víctima y la violencia contra ellas anula su autonomía y afecta su potencial como persona.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 60.4 por ciento de los casos de amenazas conlleva un daño psicológico o emocional.

Además, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia psicológica impacta más que la física, pues socava la seguridad y confianza de las personas y normaliza el “miedo y terror” en su vida cotidiana.