Por: Redacción

A fin de que se emprendan las políticas públicas necesarias para atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno, es decir, a quienes huyen de su lugar de origen a otro poblado o entidad, debido a situaciones de violencia, violación de derechos humanos o de catástrofes naturales y/o provocadas por el ser humano, el Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución.

“La Federación, así como las entidades federativas, deberán diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconozca como víctimas de desplazamiento forzado interno”, destaca en la reforma.

Al presentar la propuesta, ante el Pleno de la Comisión Permanente, el senador Isidro Pedraza Chávez indicó que si bien la a última reforma a la Ley General de Víctimas, se incorporan disposiciones de avanzada en materia de protección a los derechos de quienes sufren desplazamiento forzado interno, se requiere que este fenómeno se haga visible en la Constitución, a fin de revertir su gran crecimiento.

De acuerdo al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en México, dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2012 y 2015, se registraron 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno.

En tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reportó que en el periodo de 2006 a 2013, fueron atendidas 5 mil 364 familias de indígenas desplazados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Esa cifra equivale a más de 16 mil personas.