Por: Redacción/

Las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propusieron reformar y adicionar la legislación reglamentaria, para establecer un seguro de desempleo que proteja los ingresos de las personas que hayan perdido su relación laboral, con el fin de garantizarles un ingreso digno en tanto encuentran una nueva actividad profesional o productiva.

Sugieren que la ayuda económica sea equivalente al monto mensual del salario mínimo vigente y se otorgue durante el tiempo que la persona busque una nueva actividad laboral, independientemente del tipo del trabajador, ya sea asalariado, no asalariado, de base o de confianza.

En su propuesta, los legisladores encabezados por su coordinador, Dante Delgado, plantean requisitos mínimos para acceder a ese beneficio, como son: que las personas deberán acreditar que se encuentran en búsqueda de empleo, o bien, estén en proceso de capacitación y adiestramiento mediante el Servicio Nacional de Empleo a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Con ese objetivo presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que son reglamentarias del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Argumentaron que los programas de seguro de desempleo se han implementado, tanto en las economías emergentes como en las avanzadas para proteger a las personas trabajadoras contra el riesgo de pérdida del empleo.

Señalaron que las crisis sanitaria y económica por las que atraviesa el país, causadas en gran medida por la pandemia del Covid-19, hacen indispensable pensar en políticas públicas que apoyen a las personas que han perdido sus ingresos o su empleo.

De acuerdo con los resultados de una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública en el marco de la emergencia sanitaria, expusieron que el 27.4 por ciento de los entrevistados declaró que un integrante del hogar perdió su empleo y el 64 por ciento confirmó que algún miembro de su hogar sufrió una reducción en sus ingresos económicos.

Aseguraron que se trata de un programa conjunto federal-estatal, donde cada entidad tendría su propio programa pero siguiendo las pautas establecidas por la legislación federal.

Explicaron que sólo en la Constitución Política de la Ciudad de México se establece esa figura dirigida a sectores tradicionalmente excluidos, como son mujeres que perdieron su trabajo por embarazo, migrantes repatriados, personas en condición de refugio, activistas desplazados y personas liberadas de centros de detención.

También sugieren que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Bienestar, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el IMSS y el ISSSTE, diseñen e implementen un Programa Piloto de Seguro de Desempleo, cuyos resultados deberán entregar mediante un informe al Poder Legislativo.

Deberán incluir los avances logrados y problemáticas encontradas, mismas que servirán de base para que la STyPS emita el respectivo Reglamento, donde se definan los aspectos de financiamiento, supervisión, inspección, montos que correspondan a los salarios integrales de las personas beneficiarias, así como las formalidades administrativas que se consideren necesarias para lograr la certidumbre y plena efectividad que se requiere, señalaron.

“Con esta iniciativa buscamos aportar nuevos instrumentos para apoyar a las víctimas de esta crisis sanitaria y económica, así como plasmar como un instrumento permanente de política pública la figura del seguro de desempleo, en tanto las personas encuentran una nueva actividad productiva”, subrayaron.

La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.