Por: Redacción/

El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) propuso reformar el artículo 73 constitucional para erradicar la existencia de procedimientos anticonstitucionales y proclives a la corrupción en la contratación, adquisición y arrendamiento de obras públicas.

A través de la mencionada reforma, se buscará facultar al Congreso de la Unión para que expida leyes en la materia, ya que existe “un deficiente marco normativo para las contrataciones de obras públicas”, detalló el legislador en un comunicado.

“El actual marco normativo presenta grandes y graves deficiencias que contravienen a la misma Carta Magna. Las adquisiciones gubernamentales, deben apegarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, lo cual no sucede”, afirmó.

Sostuvo que este deficiente marco normativo “da lugar a contratación de obras públicas caras, sin planeación, de mala calidad, en opacidad, y que, al ser puestas en uso, resultan incluso mortales para los usuarios, como fue el caso del Paso Express en Cuernavaca, Morelos”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en obras como el tren interurbano México-Toluca hubo “un probable daño por 770 millones de pesos, pero cuyo costo además se ha multiplicado y cuya fecha de terminación se ha retrasado respecto a lo originalmente previsto”, destacó el diputado.

“Adquisiciones públicas irregulares, caras y poco transparentes; contratos con empresas sin experiencia o cuyo giro y actividades originales difieren de aquéllas por las que fueron contratadas; convenios turbios, empresas fantasmas, también se han vuelto hechos habituales en las compras públicas”, puntualizó.

García Gutiérrez comentó que, pese a que las compras del Estado fueron concentradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “en realidad sólo fue un cambio en la gestión de recursos”.

Consideró que la actual legislatura tiene entre sus pendientes dar un giro al procedimiento de compras gubernamentales en favor de la economía y la planeación nacional.

“Estamos convencidos de que se deben establecer los lineamientos mínimos en materia de planeación, programación, presupuesto, contratación, fiscalización, auditoría, evaluación y transparencia”, concluyó.