Por: Redacción

En el marco del Foro de Consulta para la Justicia Laboral Cotidiana, el académico Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, propuso que la justicia laboral tiene que transitar hacia la federalización, es decir que exista una sola Junta de Conciliación y Arbitraje, como órgano independiente y autónomo.

El especialista aseguró que entre la población existe la sensación de que la justicia laboral no funciona, por lo que consideró la necesidad de que la Junta Federal de Conciliación cuente también con plena autonomía presupuestal y administrativa, para lo cual se le debe considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo la modalidad que tienen otros órganos autónomos del Estado.

Sugirió “estandarizar” no solo la justicia laboral, sino también las condiciones de todos los actores que intervienen en la impartición de justicia en el país.

Por su parte, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Palemón Jorge Cruz Martínez, coincidió en la propuesta de dar mayor  fortaleza institucional a las Juntas de Conciliación y Arbitraje otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio que les permita una mejor administración de sus recursos, considerándolas organismos descentralizados del Poder Ejecutivo o bien órganos autónomos.

Además, se manifestó por el establecimiento de un Sistema Nacional para las Juntas de Conciliación y Arbitraje; facultar a las entidades federativas a constituir fondos auxiliares para la administración de justicia laboral; facilitar la creación de salas para juicios orales que permitan la grabación de las audiencias y faciliten la oralidad del procedimiento laboral; e incorporar el delito de fraude procesal en la Ley Federal del Trabajo, para sancionar severamente a quien simule actos jurídicos.

A su vez, Carlos de Buen Unna, Director General del despacho de abogados De Buen, subrayó la urgencia de crear un sistema más justo en materia de impartición de justicia laboral que permita dar certeza a los trabajadores sobre sus derechos patrimoniales y a los patrones sobre los costos laborales.

Al tiempo, expresó su reconocimiento al esfuerzo del Presidente de la JFCA, Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez, para la realización de este Foro público y plural, en el que la justicia cotidiana –dijo– aterriza de manera muy importante en el tema laboral.

Carlos de Buen Unna planteó una serie de sugerencias para una posible modificación a la Ley Federal del Trabajo, relacionadas con la terminación de las relaciones de trabajo y sus consecuencias. “Se trata de dar mayor certeza a trabajadores y a empleadores sobre el costo de las relaciones laborales, y de la terminación de la relación de trabajo”, apuntó.

Entre sus principales planteamientos, destacan: reducir la conflictividad en la terminación de las relaciones de trabajo; conservar la indemnización básica de tres meses; garantizar al trabajador un pago razonable como compensación por la prestación de sus servicios a través de un ahorro obligatorio constituido por aportaciones patronales en una cuenta individual que genere intereses para el trabajador; permitir al trabajador utilizar sus ahorros o una parte de ellos durante la relación de trabajo y generar un gran ahorro nacional para financiar inversiones productivas.

En el Foro también participó Daniela Acosta Gutiérrez, Presidenta de la Asociación “Por un Trabajo Digno y de Servicios”, que agrupa a más de 2 mil 100 trabajadoras domésticas, quien informó que trabajan de la mano con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para elaborar un modelo de contrato, además de buscar esquemas para la afiliación voluntaria en la Seguridad Social así como el certificado de competencia laboral.

Tras invitar a la sociedad a solidarizarse, hacer conciencia y valorar el tema, consideró urgente que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Aída Cerda Cristerna, Directora del Modelo de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, refirió en ese sentido que las mujeres representan el 96.2 por ciento de las personas dedicadas al trabajo doméstico en el país, y propuso establecer jornadas de 8 horas para el trabajo doméstico remunerado cuando se trate de personas que habitan la casa donde prestan sus servicios.

Señaló que existen preceptos discriminatorios que persisten en la legislación laboral y que no sancionan adecuadamente aquellas conductas que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres en el trabajo. Por lo anterior, propuso incorporar un lenguaje más incluyente en la legislación laboral y la figura de la violencia laboral, además del otorgamiento de licencia de paternidad a cargo de la seguridad social y el acceso de los hombres a guarderías sin restricciones.

Entre otras acciones, planteó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice inspecciones exclusivamente para recoger quejas sobre violencia laboral de las trabajadoras; además consideró necesario buscar mecanismos para prevenir y erradicar la discriminación por maternidad y responsabilidades familiares, e incorporar en la Ley de Seguridad Social un procedimiento para poder postergar hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto.

Por otro lado, el laboralista Joaquín Ortega Esquivel habló de Cultura de la Legalidad, y dijo que no puede haber justicia cotidiana mientras el acceso a ella está limitado por una serie de privilegios y exista impunidad.

“Si no entendemos que la justicia tiene una base de ciudadanía, tampoco va a ser posible que haya justicia cotidiana. En México, para que exista justicia, se necesita primero tener acceso a ella, y eso implica una cultura de legalidad”, afirmó el asesor y consultor de sindicatos independientes y organizaciones sociales.