Por:Redacción

El senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de que el salario mínimo sea la unidad de medida que se tomará para calcular el monto de las becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante la sesión de este martes, señaló que el salario mínimo se incrementó en 2017 a 80.04 pesos, pero la Unidad de Medida y Actualización (UMA) representa un valor menor, de 75.49 pesos; por lo que, la desindexación del salario no representó un incremento para los beneficiados de becas sino todo lo contrario.

La UMA, como nueva unidad de medida, no podrá representar un incremento a largo plazo para los beneficiados, pues la formula no va a cambiar ni incrementar, como sí sucede con el salario mínimo, señala la propuesta.

Es esencial considerar que los beneficiados del programa de becas aportan y contribuyen a generar conocimiento en diferentes disciplinas, y su labor es de suma importancia para la población del país y a escala mundial, comentó el senador Gracia Guzmán.

Detalló que este año, con el valor del UMA (75.49 pesos), los becarios recibirán 2 mil 294.90 pesos al mes, y 27 mil 538.80 pesos al año; y si se tomara en cuenta el salario mínimo (80.04 pesos), percibirían 2 mil 401.20 pesos mensuales y 28 mil 814.40 pesos anuales.

Durante los más de 45 años de existencia, el Conacyt ha entregado 328 mil becas a los estudiantes beneficiados de sus programas; tan sólo en 2015 entregó 58 mil becas, destaca la iniciativa presentada.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado, por disposición del Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Conacyt es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México. Desde su creación hasta 1999, se presentaron dos reformas y una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico; y el 5 de junio del 2002, se promulgó una nueva Ley de Ciencia y Tecnología.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Primera para su análisis.