Por: Redacción/

El senador Francisco Búrquez Valenzuela indicó que la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para congelar cuentas bancarias y servicios financieros de personas presuntamente involucradas en lavado de dinero es anticonstitucional, por lo que propuso una iniciativa de reformas legales para eliminarla del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Búrquez Valenzuela manifestó que la atribución conferida en esa disposición legal atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, invade la facultad constitucional del Ministerio Público para la investigación de delitos de esa naturaleza y violenta el debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia.

Lo anterior, dijo, ha sido declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, al resolver una demanda de amparo en septiembre de 2017, determinó que no se puede tratar como delincuente a una persona que no ha sido denunciada ante el Ministerio Público, ni menos aún juzgada por un tribunal competente.

A pesar de que la SCJN haya afirmado la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, añadió, la norma sigue vigente, por lo que la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, continúa con esta práctica de manera discrecional y despótica.

El ordenamiento legal permite la creación de una Lista de Personas Bloqueadas a las que se les congelan sus cuentas bancarias y servicios financieros por el hecho de resultar “sospechosos” de lavado de dinero para la autoridad hacendaria, sin haber de por medio una investigación ministerial y la orden de un juez, resaltó.

Con ello, sostuvo, el gobierno actúa de manera arbitraria y sin asegurarse de estar sancionando a culpables, además de que estas medidas resultan contraproducentes porque alejan al ciudadano de sus gobernantes, cooperación que es necesaria para prevenir el delito de lavado de dinero.

El senador Búrquez Valenzuela denunció que la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera utilizan este mecanismo también con fines políticos, para imposibilitar a opositores al gobierno el financiamiento de sus actividades de protesta, como ha sucedido a dirigentes del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Uno podrá estar a favor o en contra de cómo se conduce la CNTE, pero es inaceptable que en un Estado de derecho se utilicen estos mecanismos para perseguir enemigos políticos”, apuntó.

Expuso que al ser incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP, el ciudadano sólo tiene como medio de defensa la presentación de un amparo, para probar que la denuncia es falsa y se le deje de castigar, lo que viola el principio de presunción de inocencia.

Por esta razón, inscribió en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que propone derogar los párrafos 9, 10 y 11 del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con lo cual la SHCP dejará de ser autoridad para sancionar, sin pruebas ni juicio de por medio, el delito de lavado de dinero, cuya atribución es competencia del Ministerio Público.

El senador por Sonora agregó que las medidas implementadas por las autoridades en contra de ese ilícito no han dado los resultados esperados, pues en el índice 2017 que elabora el Instituto de Gobernanza de Basilea para medir la efectividad en el combate al blanqueo de capitales a nivel mundial, México aparece en el lugar 62 de 146 países.

Muchas regulaciones contra el lavado de dinero representan una pesada carga contra las libertades económicas y civiles de los ciudadanos, y pese a su aplicación no se previene de manera eficiente la comisión de este delito en nuestro país, concluyó.