Por: Javier Bárcenas

El sistema Nacional Anticorrupción debe tener por ley un presupuesto base para su operación y evitar que los recortes de dinero público que afecten su efectividad.

Durante la vigésima sexta sesión del Caucus Legislativo Anticorrupción, la diputada panista Minerva Hernández Ramos consideró que se debe ser muy cuidadoso para blindar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 los recursos de operación para el SNA.

Propuso establecer para el SNA el mismo procedimiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), cuya ley impide que su presupuesto se disminuya el año siguiente. Consideró que “lo peor que puede pasar es que le destinen los mismos recursos de este año”.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, sostuvo que es fundamental destinar un presupuesto base al SNA para permitir su adecuado funcionamiento.

El legislador indicó que este mecanismo tendrá resultados en la medida que cada ente cumpla su trabajo y entienda que posee una función importante en el combate a la corrupción.

Dijo que en México no se ha combatido este flagelo, esa es una realidad. Al contrario se ha fomentado, por lo cual es fundamental que la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y el Sistema Judicial realicen un trabajo como se debe, y los diputados provean de herramientas para que puedan ejercer su labor adecuadamente.

De igual manera, se pronunció por que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, tengan la obligatoriedad de hacer pública su declaración 3 de 3.

También se debe regular los mecanismos para evitar el conflicto de intereses, bajo una perspectiva de prevención, así como se deben establecerse sanciones severas, ya que, en la actualidad, “si alguien decide no cumplir la ley no le pasa nada”.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, manifestó que “nadie será fan del SNA hasta que dé resultados”.

El énfasis no está en la coordinación, sino en que se evalúe cada una de las dependencias encargadas de evitar actos de corrupción y se verifique el cumplimiento de su tarea, apuntó.
Bohórquez presentó a los diputados un análisis preliminar de los ordenamientos que podrían sufrir modificaciones a partir de la aprobación del SNA, entre los que se encuentran: las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, Contabilidad Gubernamental, Código Federal de Procedimientos Federales y Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Además, adecuar las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Extinción de Dominio, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de Archivos, para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de Procedimiento Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo.

Finalmente, Transparencia Mexicana plantea reformar las leyes de Coordinación Fiscal, de Asociaciones Público Privadas y Firma Electrónica Avanzada.