Por: Redacción/

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó una iniciativa para impulsar diversas acciones estratégicas contra la violencia hacia las mujeres, en el contexto de la pandemia, y generar marcos normativos más protectores, progresivos e inclusivos de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En un comunicado, indicó que la propuesta la suscribieron las diputadas Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, María Eugenia Hernández Pérez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Dorheny García Cayetano, Mildred Concepción Ávila Vera, Katia Alejandra Castillo Lozano y Sandra Paola González Castañeda.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, la legisladora de Morena precisó que se trata de atender las recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres y la iniciativa Spotlight, ante el aumento de casos de violencia familiar hacia mujeres, consecuencia del aislamiento sanitario.

Explicó que la iniciativa define que la violencia familiar es un problema grave que aqueja no solamente a México sino al mundo, que descompone el tejido social en tanto que se reproduce de forma estructural y trasciende al ámbito público y privado de la vida diaria, “situación que nos obliga a todas y todos a tomar medidas urgentes para combatirlo”.

Para ello, puntualizó que, a través de esta iniciativa se busca establecer con claridad la obligación de las instancias de procuración de justicia de elaborar protocolos especializados para la investigación del delito de violencia familiar, e integrar un sistema de información que identifique el riesgo feminicida en los casos que competan al ámbito familiar.

Agregó que la propuesta también busca determinar que los mecanismos alternativos de reparación de los casos de violencia familiar no podrán negociarse, como medio alternativo, siendo que los daños que causan a las víctimas en muchos casos resultan irreparables.

En lo que respecta al Código Nacional de Procedimientos Penales, explicó que se pretende que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, como principio generador de igualdad; señalar la importancia de ampliar el catálogo de medidas de protección de niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas; y establecer como condición en el cumplimiento de una suspensión condicional a proceso, la participación en los procesos relativos a las personas agresoras.

Pérez Segura sostuvo que el documento también incorpora la obligación del Estado de reparar el daño ocasionado en los casos de violencia familiar, cuando el imputado se encuentre imposibilitado para hacerlo, mediante la aplicación de programas, planes y servicios de atención y rehabilitación física y psicológica que se encuentren vigentes.

“Queremos refrendar nuestro compromiso de contribuir con este esfuerzo para que desde esta soberanía se sigan promoviendo los recursos legislativos necesarios para que el tema de inclusión y equidad, redunden en construir una ciudadanía más consciente y, sobre todo, fundada en el respeto y protección a las mujeres y nuestras niñas”, manifestó.

Las diputadas que suscribieron la iniciativa destacaron la importancia de sumar esfuerzos para adecuar los marcos normativos a los estándares internacionales en esta materia.