Por: Redacción/

Para hacer más eficiente el combate a los delitos que afectan el medio ambiente, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, ambos del Grupo Parlamentario del PT, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo cual se crearía la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

En la exposición de motivos se destaca que en la actualidad existe una dualidad de funciones. Por un lado, se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Es la instancia responsable de contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental; procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental.

Por el otro, se encuentra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, dependiente de la Fiscalía General de la República. Entre sus funciones, están el investigar los delitos previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Denuncian que la dualidad, lejos de beneficiar la preservación del medio ambiente y la persecución de los delitos ambientales de carácter federal, diluye las capacidades y aumenta la carga de trabajo de los ministerios públicos de la unidad. Además, provoca que los recursos materiales, financieros y humanos se dispersen y reduzcan la efectividad de sus acciones.

A manera de ejemplo, de la necesidad de crear esta Fiscalía, los legisladores refieren el informe de actividades de la Profepa de 2017. Ahí presentaron cinco mil 461 denuncias, de las cuales, sólo el 63.9 por ciento, (tres mil 487) fueron admitidas en su carácter federal. En cuanto a su origen fueron dos mil 91 denuncias por delitos forestales. 704 por afectaciones a la fauna. 704 por impacto ambiental, y ordenamiento ecológico. Otras 568 se debieron a contaminación de la atmósfera.

En caso de ser aprobada la reforma propuesta, la nueva Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales tendría que presentar anualmente ante el Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados.

Éste último, sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos ambientales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública.

La iniciativa enviada para su análisis a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, contempla reformar el artículo 11, adicionar la fracción VII del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes, y un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En el texto, no se pretende afectar el trabajo de la Profepa.