Por: Redacción
Con objeto de que realmente se abaraten los combustibles a mediano y largo plazo, no sólo en ciertas coyunturas, el diputado Julio Saldaña Morán propuso a la Cámara de Diputados elevar sustancialmente el presupuesto de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El objetivo –dijo- es modernizar infraestructura, productividad y competitividad de la empresa, pues mientras se le niegue el apoyo económico, sus costos de producción serán inevitablemente altos, esto repercutirá en los precios de sus productos y el país estará sujeto a costos de importaciones.
Demandó a los legisladores no ser cómplices del gobierno en su clara pretensión de quebrar a la principal empresa del país para entregar la materia prima con la que trabaja -el petróleo- a unos cuantos funcionarios codiciosos en contubernio con seudoempresarios nacionales y empresas extranjeras.
Recordó que él y otros diputados denunciaron ante el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados, la falacia según la cual la reforma energética abarataría los combustibles, como lo muestra el caso de la gasolina.
Aún en el caso del gas, cuya reciente baja de precio se quiso hacer pasar como efecto de dicha reforma, el gobierno reconoce que en cualquier momento podría elevarse si así los determinan las condiciones internacionales, con lo cual admite que son estas condiciones las que provocaron una ligera disminución y que por la misma razón podrían elevarse, dejando así la “reforma energética” sin sustento.
Dicho de otro modo –puntualizó Saldaña Morán-, este raquítico abaratamiento en el mercado mexicano derivó de la baja en el precio internacional de propano y butano, a su vez resultado de la competencia entre los principales países productores y su capacidad de imponer precios según su disponibilidad del combustible y sus costos de producción.
Peor aún –agregó-, el gobierno miente al no decir que esos precios en México podrían disminuir aún más, si se considera que en Houston, Estados Unidos, adquiere la tonelada de gas LP en cuatro mil 747 pesos y que, sumado el costo por logística de importación, el total suma cinco mil 628 pesos.
Sin embargo, la vende a los distribuidores que monopolizan el mercado nacional en nueve mil 419 pesos, quienes a su vez obtienen por esa misma tonelada 12 mil 229 pesos.
Es decir, aún con la reciente baja en el precio final al consumidor, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), interviene de manera “muy tibia” para no perjudicar las ganancias de quienes monopolizan este mercado y les permite ganancias exorbitantes.
En realidad –dijo- este gas caro en México es uno más de los mecanismos mediante los cuales la SHCP obtiene una utilidad de tres mil 791 pesos por tonelada del combustible y permite a los monopolizadores otra utilidad de dos mil pesos, todo a costa de los consumidores.
“Lo de menos es que sirvieran a la hacienda pública para bienes y servicios para la población, pero la verdad es que tenemos un gobierno despilfarrador”, apuntó.
Adicionalmente, el gobierno bajó el precio del gas sólo con fines político-electorales, pues sólo poco antes de los comicios pasados en varias entidades determinó la baja, para luego volver a elevarlo, con lo que se demuestra que se trata de una burla a los electores.
“Pero si en momentos en que el gobierno aún puede regular el precio, éste disminuye en apenas una fracción para los consumidores finales respecto a lo que disminuye para los distribuidores, ¿qué ocurrirá cuando se liberen por completo los precios? ¿Cómo y en cuánto tiempo se piensa diluir la estructura oligopólica en este sector?”, cuestionó.
Insistió en su demanda al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, de no ser partícipes ni cómplices de este engaño a la población para, en consecuencia, aprobar un presupuesto para que PEMEX invierta en modernización, de modo que abarate sus costos, sea nuevamente competitiva a nivel internacional y ofrezca productos de calidad y a buen precio en el país.
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