Por: Redacción/

El vicecoordinador del GPPRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, inscribió ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo que busca exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2017, promulgada por el Ejecutivo federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 21 del mismo mes y año.

En los plazos y términos establecidos por la Constitución y leyes reglamentarias, fueron presentadas diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de la citada ley, por diputados y senadores de la LXIII Legislatura, en las que –sustancialmente- se señaló la inconstitucionalidad de la ley en general, por violaciones a los artículos 16, 21, 22, 29, 115, 116 y 129 de la Constitución Federal, por transgredir las garantías de libre ejercicio de los derechos humanos consignados en el Capítulo Primero de nuestro texto fundamental.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hicieron lo propio al considerar que dicha ley violaba derechos humanos y el acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, como organismos constitucionalmente autónomos.

De la misma forma, varios municipios de diversos estados y el gobierno de Chihuahua, promovieron controversias constitucionales al considerar que la ley viola su soberanía. Estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales fueron acumuladas y turnadas en el mes de febrero pasado a la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo para su estudio y proyecto de resolución.

De manera paralela, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos promovieron amparos en contra de la Ley.

El pasado 10 de mayo, el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa del Primer Circuito y el Juez Noveno de Distrito del Décimo Sexto Circuito emitieron sentencias concediendo el amparo en favor de diversos quejosos, estableciendo que la Ley de Seguridad Interior es violatoria de los derechos humanos garantizados por la Constitución, al atribuirle a las Fuerzas Armadas la preservación de la seguridad interior en tiempos de paz.

En la sentencia dictada en el amparo 118/2018, el juzgador concluye que “resulta inconstitucional el sistema normativo previsto en la Ley de Seguridad Interior reclamada –en cuanto incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relacionadas con la seguridad interior en tiempos de paz– … por transgredir las condiciones de validez previstas en la jurisprudencia de la SCJN que establecen los parámetros de actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, derivadas de la interpretación de los artículos 29, 89 y 129 de la Constitución Federal, y que garantizan la seguridad jurídica en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual debe concederse el amparo solicitado por la parte quejosa.”

Cabe recordar que en la fecha de la promulgación de la ley, Peña Nieto señaló que: “de acuerdo a nuestro marco jurídico la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley, una vez que esta ha sido promulgada, por tanto doy bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Corte lleve a cabo sobre esta ley. Soy consciente de que este ordenamiento que haré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, por eso no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.

Ante este escenario, el legislador del Sol Azteca subrayó que “resulta imprescindible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto, resolviendo las Acciones de Inconstitucionalidad y las Controversias Constitucionales planteadas, en virtud de la incertidumbre que vive nuestro país desde el mes de diciembre del año pasado, provocada por una infinidad de interpretaciones que han generado una desinformación a la sociedad mexicana, por diversos actores”.