Por: Redacción/

La Comisión de Gobernación analiza la iniciativa impulsada por el diputado Ramón Villagómez Guerrero (PRI), la cual plantea declarar el 26 de junio de cada año como Día Nacional en contra de la Tortura, a fin de promover e implementar acciones que erradiquen esta práctica.

El legislador consideró que el mejor día para promover acciones que eviten la fuerza desmedida de las autoridades es el 26 de junio, por haberse promulgado en esa fecha la legislación contra la tortura en México.

Sostuvo que de 2006 al 2015 se reportaron en el país alrededor de 9 mil 200 casos por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Agregó que a su vez, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se duplicó el número de denuncias por tortura entre 2013 y 2014 al pasar de mil 165 a 2 mil 403.

En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre la situación en México, alertó que la prevalencia de la práctica de la tortura es alarmante.

En tanto, el relator de Naciones Unidas sobre la materia concluyó, luego de visitar centros penitenciarios y recabar información a nivel nacional, que “la tortura y los malos tratos son generalizados en el país”.

Ante ello, la ONU elaboró una serie de normas relacionadas con la prevención de la tortura, entre las que destacan; diseñar reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Asimismo, establecer principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otro trato o pena cruel, inhumana o degradante, así como definir un Código de conducta y el uso de la fuerza de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la materia.

Además, coincidió con otros organismos internacionales en que la tortura se presenta frecuentemente entre el momento de una detención y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez.

El relator hizo un llamado al Estado mexicano para adoptar un Registro Nacional Único de Personas Detenidas, que detalle la autoridad y el personal responsable de realizar una aprehensión, así como una cadena de mando a cargo de la custodia, con el propósito de posibilitar una investigación integral y con la debida diligencia en casos de denuncias de tortura.

Villagómez Guerrero especificó que sus modalidades van desde los golpes con puños, patadas con botas, macanas y culatas de armas en diversas partes del cuerpo; insultos, amenazas y humillaciones; descargas eléctricas, generalmente en los genitales; el presenciar o escuchar la agresión de otras personas; asfixia húmeda y seca; la desnudez forzada, y la violación sexual.

El diputado destacó que si bien es cierto se han tomado cartas en el asunto al publicar el 26 de junio de 2007, en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual tiene por objeto definir la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar este flagelo, ello no ha sido suficiente.

Indicó que para erradicar la tortura es necesario instaurar un día nacional que llame a la reflexión en todo el país sobre la problemática de la tortura y se impulsen acciones para prevenirla y erradicarla, y se fomente la ejecución de la actual ley en la materia.