Por: Redacción

Durante su participación en el programa “Justicia Electoral a la Semana”, el Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, de la Procuraduría General de la República (PGR), propuso iniciar la discusión para que delitos como el Peculado Electoral y el condicionamiento de los beneficios de los programas sociales sean considerados graves, a fin de que quienes incurran en ellos puedan ser detenidos y no salgan libres bajo caución.

Nieto Castillo precisó que, en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dichos ilícitos no son delitos en los que se pueda solicitar prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual significa que las personas involucradas van a seguir su proceso en libertad.

“Y aquí hay un tema muy importante porque subir las penas no nos va a dar como resultado de manera directa disminuir la incidencia delictiva, pero sí mandan un mensaje muy claro respecto al reproche de la ciudadanía a la clase política por este tipo de conductas para efectos que las personas sean privadas de su libertad como un reproche por la conducta que desarrollan”, indicó.

Enfatizó que los programas sociales son para satisfacer derechos de la ciudadanía y no para comprar el voto, ni tampoco condicionarlo para que un partido político o candidato obtenga un triunfo, porque quienes lo hacen están desvirtuando su fin, que es atemperar las desigualdades sociales en el país.

Durante la entrevista con la periodista Guadalupe Juárez, el Titular de la FEPADE informó que la Fiscalía Especializada y el Instituto Nacional Electoral (INE) están trabajando de manera conjunta para combatir el llamado turismo electoral, que está alcanzando dimensiones graves, debido a que se descubrió que, de manera irregular, ciudadanos guatemaltecos obtenían credenciales para votar en el estado de Chiapas, particularmente en los municipios de Suchiate y Mazapa de Madero.

Finalmente, Nieto Castillo señaló que, con miras a los comicios que se verificarán el próximo año, han iniciado los acercamientos correspondientes con las autoridades electorales del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, para implementar el modelo de blindaje electoral que aplicaron en los comicios de este año en diversas entidades, que consiste en cerrar las instalaciones, generar los comités de blindaje electoral, estar tres días antes de la jornada comicial, incluso con el despliegue ministerial para inhibir la incidencia delictiva.