Por. Redacción/

La Ley General de Comunicación Social debe ser impugnada porque en su apresurada confección ignoró necesidades de medios comunitarios y consolida en el Ejecutivo Federal la discrecionalidad para dilapidar con fines políticos los recursos públicos, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien anunció que propondrá a la coalición Por México al Frente que impulse esta gestión.

El secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados sostuvo que una vez más el PRI y su gobierno ignoraron el clamor de la sociedad de hacer de la transparencia y la equidad una forma de conducir la administración pública.

Recordó que con la ayuda de sus aliados en el Congreso de la Unión, el PVEM, PANAL y MORENA, el PRI se regaló una ley de comunicación social a modo, sin mecanismos de control auténticos porque será, como hasta hoy, la Secretaría de Gobernación quien se encargue de su ejecución.

Especialistas, sociedad civil, medios de comunicación que son excluidos sistemáticamente por el gobierno para la colocación de propaganda pública y el PRD pugnábamos por abrir un espacio de debate antes de que fuese promulgada la citada ley; sin embargo, ahora que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación debemos buscar los mecanismos legales para que se corrija y se atienda la demanda de la sociedad, y ese impulso lo puede articular el Frente.

El citado ordenamiento será obsoleto para frenar la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el uso de los recursos públicos, el cual, a pesar de tener aprobado un presupuesto para comunicación social por mil 500 millones de pesos se excede y gasta 10 mil millones de pesos sin que rinda cuentas ante el silencio cómplice de los órganos del Estado que deben cuidar el buen uso de los recursos, añadió.

El país sí necesita una ley de comunicación que frene los abusos de poder, ya que la política actual se ejecuta como mecanismo de control y venganza hacia los medios, lo que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, añadió.

Es indispensable que en la confección de una nueva ley se atiendan las demandas de los especialistas y los representantes de todo tipo de medios de comunicación, ya que hasta ahora, por ejemplo, las radios comunitarias son ignoradas por el gobierno federal en su política de comunicación social, agregó Hernández Soriano, quien la semana pasada participó en un foro con periodistas del estado de Oaxaca, quienes expusieron las necesidades del gremio y la urgencia de un ordenamiento legal equitativo e incluyente.