• Lucero Olivas señaló que esta es una herramienta adicional a las existentes para la investigación de las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Por: Redacción/

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas propuso a nombre propio y de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, reformar el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a fin de inhabilitar temporalmente a personas físicas o morales que hayan participado en la construcción de obras públicas donde se hayan suscitado hechos que involucren la pérdida de vidas humanas.

Al fundamentar la iniciativa, el legislador por Durango destacó que la seguridad en las obras de infraestructura pública es un elemento fundamental donde se debe de garantizar la integridad física de la sociedad.

En este sentido, dijo, deben construirse para perdurar el paso del tiempo, la exposición a los elementos naturales y en el caso de puentes, carreteras, caminos y otros elementos de infraestructura vial, el uso continuo que se le dé por parte de las personas y vehículos que transiten por ellas.

“La corrupción cuesta vidas. El bienestar de las y los mexicanos está y debe estar siempre por encima de los intereses que obedecen a los bolsillos de unos cuantos políticos y sus inversionistas”, sentenció el senador.

Por ello, explicó que el objetivo de la propuesta es integrar en el artículo 60 de la Ley una nueva causal para la inhabilitación temporal de personas físicas o morales como proveedores de arrendamientos, obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

Es decir, aquellas personas físicas o morales que participen o hayan participado en la construcción de obras públicas, en donde se susciten hechos que involucren la pérdida de vidas humana, no puedan participar en nuevas obras en tanto la autoridad competente no realice las investigaciones pertinentes y se deslinden las responsabilidades.

Lo anterior, dijo, de brindar certeza sobre quienes pueden continuar siendo proveedores del Estado mexicano; además, aclaró que la medida será aplicada para los casos evidentemente graves y con temporalidad definida por la conclusión de las investigaciones.

“Esto brindará certidumbre a todas las partes involucradas para colaborar activamente con las autoridades en las investigaciones”, aseguró.

Lucero Olivas señaló que esta es una herramienta adicional a las existentes para la investigación de las responsabilidades de los funcionarios públicos, centrándose en las empresas que participan en las distintas modalidades de contrataciones y licitaciones que permite la legislación mexicana.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que la transparencia y rendición de cuentas son actividades fundamentales que debe realizar el Estado mexicano hacía con la ciudadanía”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.