Por: Redacción

Diputados federales encabezados por Alberto Martínez Urincho propusieron modificar la Constitución para establecer la obligatoriedad del Estado Mexicano a reparar integralmente los Derechos Humanos a quienes les hayan sido violados, así como la obligatoriedad de atender y proteger a las víctimas al tiempo que se salvaguardan sus derechos a la verdad, la justicia y la debida diligencia.

Consideraron necesaria esta reforma porque el actual marco jurídico, aun cuando tiene importantes avances, adolece de múltiples fallas que hacen nugatoria la justicia para las víctimas, tal como lo han documentado organismos nacionales e internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo y, más recientemente –en octubre- numerosos colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Específicamente, la CIDH considera insuficiente la respuesta del Estado Mexicano para enfrentar la grave crisis de violencia e impunidad en México. Respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, encontró que suelen ocurrir en las primeras horas de detención de una persona y antes de ser presentada ante un juez.

Las víctimas de tales torturas y tratos, así como de otras violaciones a sus Derechos Humanos, enfrentan diversos obstáculos para acceder a la justicia y a la reparación del daño debido a insuficiencias del actual marco jurídico.

Por ello, Martínez Urincho y sus correligionarios plantean establecer desde la Constitución la obligación del Estado Mexicano a reparar el daño cuando sus agentes hayan violado garantías fundamentales y a dotar de autonomía real a los órganos encargados de tal reparación.

A través de la adición de un Apartado C al artículo 102 de la Carta Magna, plantea que el Congreso de la Unión creé y dote deautonomía constitucional a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y que lo propio hagan a nivel estatal las legislaturas de los estados.

Con ello, la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desaparecería como un órgano descentralizado -es decir, bajo la vigilancia y control de la Administración Pública Central-, y sus recursos humanos, financieros y materiales se trasladarían a la nueva Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Lo mismo sucedería a nivel estatal con las comisiones ejecutivas locales.

La iniciativa de los legisladores perredistas prevé que, a los 180 días de vigente esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión expida la Ley Reglamentaria de dicho apartado C, con lo cual la Ley General de Víctimas hoy vigente también deberá reformarse o derogarse.

A diferencia de lo que establece la actual Ley General de Víctimas para la elección de los nueve integrantes de la Comisión Ejecutiva, la reforma constitucional excluye al Presidente de la República de la presentación de candidatos y deja todo el proceso para la designación de los ocho integrantes de un Consejo Consultivo en manos de la Cámara de Senadores o, cuando ésta esté en receso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La iniciativa de los perredista precisa que la elección del presidente y de los consejeros tendrá un procedimiento similar al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, con base en una consulta amplia y transparente, además del voto calificado de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Así integrada, la nueva Comisión Nacional conformará con las estatales el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

La Comisión Nacional de Atención a Víctimas que establezca el Congreso de la Unión, contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, en tanto que las Constituciones de las entidades federativas garantizarán la autonomía de las comisiones de atención a víctimas locales.

El titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas presentará anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de actividades y comparecerá ante las Cámaras.

Los diputados que también suscribieron la iniciativa son Francisco Martínez Neri – coordinador del GPPRD-, María Luisa Beltrán Reyes, Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón, Francisco Xavier Nava Palacios y José Santiago López.