Por: Redacción

El GPPRD en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cree una comisión especial para dar seguimiento a casos de corrupción, donde están involucrados funcionarios gubernamentales y ejecutivos de las empresas OHL, Odebrecht y las creadas por Luis Carlos Castillo.

La proposición destaca que frente al cáncer que se ha insertado en el aparato gubernamental y donde se han involucrado ejecutivos de diversas empresas en asuntos de corrupción, es importante que el Estado mexicano tenga como elemento central de su actuación combatir este flagelo.

También menciona que en los últimos meses ha salido a la luz pública un entramado de corrupción que ha mostrado cómo se han otorgado contratos “sumamente opacos y se ha recibido sobornos a fin de beneficiar a intereses particulares a grupos cercanos al partido en el poder”.

El documento presentado a la Comisión Permanente destaca el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ha tenido un impresionante crecimiento en varios países de América Latina, pero cuyo avance se ha visto empañado por múltiples casos de corrupción entregando enormes sobornos para obtener contratos millonarios en varios países, incluido, México.

Subraya, que el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht aceptó haber ofrecido sobornos en su país y en otros, señalando directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y a otros 17 ex funcionarios y funcionarios en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Se propone también como otro elemento a analizar, el hecho de que en el 2002, Odebrecht transfirió activos petroquímicos a la empresa Brasken, y que, en 2006, para encargarse de la perforación de pozos, creó la filial Odebrecht Oils Gas.

Esta empresa a la fecha tiene participación en 15 empresas; tres fondos de inversión y cinco empresas auxiliares en asociación con la mexicana, Idesa, inaugurando en 2016 el complejo petroquímico, Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, siendo el único proyecto activo en el país.

Entre los casos que propone el punto de acuerdo se revisen, está el emblemático de la corrupción en México, el de la empresa constructora OHL, la cual fue altamente beneficiada por el gobierno de Enrique Peña Nieto con contratos de obras de infraestructura, las cuales se han licitado con sobre precios en condiciones de opacidad y tráfico de influencias.

Se observa que mientras que en España ha habido detenidos por acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos y diversos políticos ligados a partidos como el Partido Popular, en México no se han llevado a cabo las investigaciones para llevar a la justicia a todos los involucrados.

De la misma manera se pide revisar el caso de Luis Carlos Castillo Cervantes que a través de empresas estadunidenses, se adjudicaron contratos y licitaciones multimillonarias muy poco transparentes.

El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y su posterior dictamen.