• El Grupo Parlamentario del PRD señaló que la iniciativa abre el espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la Ley y demandas de arbitraje internacional.

Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRD planteó discutir y analizar en parlamento abierto la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal que busca reformar la industria eléctrica. “Sobre todo, que el Estado garantice el derecho de las y los mexicanos a acceder a energías limpias a través de la ruta trazada de la transición energética y el cumplimiento del 35% de la generación de energía eléctrica para el 2024”, indicó mediante un comunicado la fracción parlamentaria.

Los diputados perredistas comentaron que conscientes de la importancia de estos asuntos estratégicos en materia de energía, plantean a la Cámara de Diputados convocar a un Parlamento Abierto sobre la iniciativa, al que asistan académicos, investigadores, trabajadores, legisladores y legisladoras.

Así como, instancias de la Administración Pública como: Secretaría de Energía (SE), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional del Control de Energía (Cenace), para conocer sus respectivas posturas y opiniones.

La bancada comentó que la propuesta modifica el orden del despacho eléctrico y “esto va a implicar un mayor costo de generación del Sistema Eléctrico Nacional y el pago a productores externos por capacidad instalada que no va a usar la CFE.”

En este sentido, la iniciativa abre el espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la Ley y demandas de arbitraje internacional.

En lugar de cambiar la Ley para modificar el papel del Estado en el impulso a las energías renovables, “se busca incrementar la participación de la CFE en la generación eléctrica sin reparar en el incremento de los costos de generación, ni el cumplimiento de nuestros compromisos en materia ambiental.”

“Tan solo por el desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, el sobrecosto de la generación superaría los 10,000 millones de pesos al año”.

Entre otras cosas, la iniciativa pretende desamparar que “la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, como se tipifica en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica vigente, emanada de la Reforma Energética que entró en vigor en 2014; y sólo preserva que, “el Suministro Eléctrico es un servicio de interés público”.

Asimismo, la propuesta legislativa pretende priorizar el despacho de energía eléctrica de centrales con cargas constantes desplazando a las renovables (intermitentes) en segundo término, busca dar la vuelta al revés del Poder Judicial al “Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y ratificado en la publicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía.

De igual manera, se propone en los artículos transitorios revisar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica plenamente vigentes –que operan en el marco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE)-, y señala que, (…) “podrán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo” (…).

También propone revisar los contratos suscritos con Productores Independientes o Externos (forma de generación de energía eléctrica legal).

“La propuesta legislativa preferente anticipa una escalada en las confrontaciones entre el Ejecutivo Federal y las empresas extranjeras que han invertido cuantiosos recursos en el sector eléctrico en litigios legales tanto en Tribunales Internacionales como con sus gobiernos, con el alegato de incertidumbre jurídica, por no respetarse el Estado de Derecho-; específicamente, las reglas establecidas en la Reforma de la Industria Eléctrica en 2013, así como las cláusulas del Tratado comercial del T-MEC”, apuntó la bancada.

Por su parte, la diputada Mónica Almeida López (PRD), integrante de la Comisión de Energía, aseguró que la Iniciativa de reforma que pretende modificar la Ley de la Industria Eléctrica busca monopolizar el mercado en energías basadas en gas y combustóleo, dejando fuera a los generadores de energías limpias, situación que contraviene tratados como el T-MEC y la propia Constitución de México.

En un comunicado aparte, acusó a Andrés Manuel López Obrador de querer realizar modificaciones que respalden e impulsen a la “nueva mafia del poder” liderada por él, ya que “con esta propuesta desde Palacio Nacional en vez de mejorar la estructura energética del país y su mercado, se vulnera la soberanía energética poniendo en riesgo las finanzas nacionales”.

“El Presidente busca darle vida a sus caprichos, los cuales reflejan sus intereses personales, tal vez haga falta recordarle sus propias palabras, aquellas donde decía que, dentro de la Ley, todo, fuera de la Ley, nada, ya que sus acciones y propuestas van contra todo lo que dice”.

La perredista puntualizó que la Iniciativa de reforma no cuenta con ningún impacto económico o proyecciones cuánticas que permitan observar que estos cambios tendrán un efecto positivo, “es decir una reducción en el pago de energía eléctrica o una rentabilidad financiera de la CFE positiva, y por el contrario en los términos propuestos, es evidente que costará más recursos seguir subsidiando a la paraestatal”.

Se está proponiendo ir en contra de las disposiciones Constitucionales y los Tratados Internacionales, en específico el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC, por sus siglas en inglés).

“Tan es así que en meses anteriores el Congreso de Estados Unidos denunció, que en México existe un patrón de obstrucción hacia los negocios estadounidenses en materia energética, lo cual interfiere con el espíritu del tratado y amenaza las inversiones y el crecimiento energético de la región, ya que el tratado tiene un enfoque de libre mercado y una menor intervención del Estado, así como la protección de inversión de los tres países, privilegiando además el medio ambiente”, detalló.

Invitó a todos sus compañeros diputados a estar con el pueblo, les propuso generar una reforma integral, no de adecuaciones simplistas sin sustento jurídico, económico y social, ya que “el Poder Legislativo no puede ser cómplice de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales”.