Por: Redacción

El coordinador de Nueva Alianza (NA), Luis Alfredo Valles Mendoza, planteó reformas a la Ley General del Servicio Profesional Docente, con el objetivo de quien aspire a cargos con funciones de supervisión, cuente con experiencia como docente y director, al menos por cuatro años.

“En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere que quienes intervienen en él cuenten con los conocimientos y habilidades suficientes, para hacer frente a la gran responsabilidad de transmitir y propiciar el conocimiento”, sostuvo en un comunicado.

Explicó que un supervisor docente es la máxima autoridad educativa de una zona escolar, y el líder académico y democrático de la misma, pues debe lograr que todas las escuelas ubicadas en su ámbito de influencia, funcionen y se organicen para evitar el rezago, la reprobación y la deserción escolar.

El diputado de NA comentó que la tarea de un supervisor no es menor, ni mucho menos es fácil; por el contrario, requiere contar con habilidades y conocimientos sólidos que le permitan desarrollar de manera eficiente y responsable sus funciones.

“En Nueva Alianza consideramos indispensable que el personal que aspira a cargos con funciones de supervisión transite antes por un periodo de inducción, en el que reciban las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades que se requieren para ejercer sus funciones”, subrayó Valles Mendoza.

Al concluir dicho periodo, agregó, resulta ineludible que los interesados se sometan a una evaluación, para determinar si cumplen o no con las exigencias propias de la supervisión y sólo bajo ese supuesto, reciban un nombramiento definitivo.

Además, dijo, consideramos indispensable el que la ley exija a quienes aspiran a un cargo de supervisión, el haber transitado antes no sólo por la función docente, sino también por la función directiva, al menos por cuatro años.

Valles Mendoza explicó que actualmente la Ley General de Servicio Profesional Docente no prevé este procedimiento y establece que en educación básica la promoción a una plaza con funciones de supervisión dará lugar a un nombramiento definitivo, sin mediar un proceso de inducción, ni una evaluación.

Por ello, insistió, “la necesidad de rectificar la Ley, a fin de contar con personal altamente capacitado, con probadas habilidades y experiencia suficiente para llevar a cabo la enorme responsabilidad de ser la máxima autoridad educativa de una zona escolar”.

Su propuesta reforma los artículos 26,27 y 29 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.