Por: Redacción 

Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste, hizo un llamado al Estado a instaurar un programa emergente de empleo temporal para más de 3 millones de connacionales que, a partir de 2017 serán deportados desde la Unión Americana ya que esta cifra se sumará a los más de 2.8 millones que deportó, durante su gestión, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama.

Indicó que si bien la deportación fue un proceso “hormiga” durante los 8 años de administración del mandatario antes citado, con la llegada de Donald Trump al poder a partir de enero próximo reclama más que “paliativos y ventanillas de quejas”, acciones concretas para generar actividad económica a fin de cerrarle el paso a problemas sociales en el país como el incremento en la drogadicción, el aumento en el tráfico de estupefacientes y la delincuencia en el medio rural.

En entrevista, dijo que si el Gobierno Federal a cuatro años de distancia no ha podido garantizar el empleo a más de un millón de personas que, anualmente, demandan una fuente de ingreso en la Población Económicamente Activa, menos podrá controlar los efectos colaterales del regreso connacionales pues a estas cifras habría que sumar el ingreso legal e ilegal de centroamericanos, haitianos, coreanos y japoneses en México que demandan trabajo, comida y salud.

Raúl Pérez Bedolla, consideró que las instancias encargadas de este programa emergente de empleo temporal podrían ser Sagarpa, Secretaría del Trabajo e incluso Sedena toda vez que cuando hay cotingencias climáticas aplican el Plan DNIII para generar ingreso en comunidades afectadas y esto puede calificarse como una “contingencia humana” resultado de malas políticas públicas por más de cuatro décadas.

El líder de Alcano, recalcó que la migración extranjera ha opacado a la interna pues hasta existe una gran cantidad de michoacanos y guerrerenses que han abandonado sus comunidades de origen por cuestiones de inseguridad.

Tan solo, dijo, la situación que se vive en Tijuana bordea los términos de una crisis humanitaria ya que llegan grandes contingentes provenientes de países centroamericanos y ahora también de Brasil.

Y es que, continuó, se estima que 120 mil migrantes cruzan la frontera con EU cada año y México ocupa el segundo lugar por ingresos más altos de remesas, entonces la crisis económica en las comunidades expulsoras de migrantes será severa.

Por lo anterior es que, las medidas “preventivas” o de “pánico” del Gobierno Federal ante deportación masiva de Estados Unidos anunciadas recientemente por la Secretaría de Relaciones Exteriores no resuelven el problema de fondo.

Lo anterior es que sólo con “ventanillas de quejas y de tramitología” el Estado busca contener décadas de migración de mano de obra hacia Estados Unidos.

El líder de Alcano, opinó que las 11 acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para contener los efectos de una deportación masiva es tardía cuando no hizo nada con la deportación de poco más 2.4 millones de mexicanos que fueron repatriados durante los 8 años de la administración federal de Barack Obama.

Indicó que los connacionales radicados en Estados Unidos no requieren llamado a mantener el orden y no generar conflictos como lo ha pedido la SER, éstos esperan conservar sus empleos en aquel país para enviar dólares a sus familiares y si los deportan “entonces deberían contar con la garantía de un empleo temporal así como algunos partidos políticos piden subsidio por desempleo a exconvictos en la Ciudad de México, deberían exigirlo para gente que si trabaja en el medio rural del vecino país que será deportada”.

Finalmente, consideró que las organizaciones campesinas también están obligadas a hacer su trabajo prevenir esta llegada inminente de connacionales a través de estrategias de capacitación para potencializar la producción interna con los más de 3.5 millones de pequeños y medianos productores.