• Geovanna Bañuelos destacó que el objetivo de su propuesta es potenciar las libertades individuales y derechos fundamentales.

Por: Redacción/

Debe establecerse el Derecho al Buen Gobierno para reconocer cuando se cumple con expectativas ciudadanas en la medida de las posibilidades y la disponibilidad presupuestal y ofreciendo resultados medibles y comprobables, propuso la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, en una iniciativa de reforma constitucional presentada en la Comisión Permanente del Congreso.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PT señaló que el objetivo de su propuesta es potenciar las libertades individuales y derechos fundamentales.

Refirió que durante las elecciones federales del 1 de julio de 2018, más de 30 millones de electores votaron por una transformación radical de la vida pública nacional, derivado de los grandes índices de corrupción, impunidad y malas administraciones en todos los órdenes de gobierno.

La legisladora zacatecana dijo que su iniciativa de reformas tiene por objeto reconocer en la Carta Magna ese derecho humano que busca asegurar el goce y, sobre todo, el ejercicio de otros derechos humanos.

“El buen gobierno implica que el Estado debe prestar servicios de calidad para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como brindar atención de calidad a la ciudadanía”, puntualizó.

Señaló que el derecho fundamental a la buena administración pública y al buen gobierno, reconocido por la Unión Europea, implica poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado y se traduce en la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública y de actuar efectivamente al servicio de las personas.

Como principio constitucional, subrayó, se garantiza el derecho al buen gobierno a través de una actuación de los entes públicos abierta, integral, honesta, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austera, con participación ciudadana, incluyente y resiliente que garantice el interés público; que respete, proteja, promueva y garantice los derechos humanos; y que combata la corrupción.

Aseguró que esa figura se encuentra reconocida por diversos instrumentos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, así como por la Constitución Política de la Ciudad de México, entre otros.

La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.