Por: Redacción/
La secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (PAN), promueve iniciativa para impulsar la actividad económica de las ciudades, con mecanismos sólidos para atraer y retener inversiones.
La iniciativa suscrita también por la diputada Marisol Vargas Bárcena (PAN), propone reformar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de que en los espacios destinados al desarrollo habitacional se impulsen la productividad y competitividad de los territorios citadinos.
Su planteamiento, explicó, obedece a que las inadecuadas estrategias de desarrollo regional contribuyen a que la marginación y la exclusión social terminen por fracturar a las sociedades con implicaciones importantes en términos de competitividad.
La legisladora subrayó que existe rezago en la competitividad de gran parte de las zonas urbanas de México; son pocas las regiones que mantienen una dinámica competitiva, es decir, que no solo existe un problema de concentración de capacidades competitivas en ciertas regiones, lo que genera que prevalezca una mala distribución del ordenamiento territorial.
Ante este panorama, Muñoz Cervantes considera necesario incluir el concepto de competitividad en la ley encargada de regular los asentamientos humanos, a fin de fortalecer el Estado de Derecho, y poder multiplicar las oportunidades de los habitantes de los municipios.
El ordenamiento en la materia estipula como uno de sus objetivos prioritarios, implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de los desarrollos territoriales con la intención de potenciar la inversión y fortalecer las cadenas productivas.
Muñoz Cervantes señaló la importancia que presenta la competitividad urbana en la estructura social, misma que infiere directamente en el nivel de cohesión, equidad y bienestar generalizado en los habitantes de la ciudad.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, permitirá estimular la competitividad entre los territorios y sus efectos de la atracción de inversiones en el mercado local de trabajo, la gobernanza y la sustentabilidad del país.
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