Por: Redacción

La Comisión Permanente pidió a las instancias de administración y procuración de justicia, de la Federación y estatales, que garanticen el acompañamiento y orientación de personal profesional para niñas, niños y adolescentes que, en cualquier calidad, intervengan en un proceso judicial.

Lo anterior a fin de que se haga valer el interés superior y derechos de la niñez y adolescencia dentro del Protocolo de Actuación de la Suprema Corte, en la que se establece que los menores son sujetos a procedimientos formas y mecanismos que se aplican a personas adultas, “como si se tratara de individuos idénticos”, señala el dictamen avalado por senadores y diputados.

Que en la aplicación de justicia se considere que los menores son vulnerables, al no contar con un total desarrollo emocional y cognitivo, “no sólo impide que la participación de la infancia y adolescencia sea idónea, sino que además genera una victimización secundaria a la sufrida, por la cual se encuentra en un procedimiento”.

Los legisladores establecen que las instancias de justicia deben tomar en cuenta que los menores inmersos en un proceso judicial, también son víctimas de escenarios de exclusión, pobreza y desigualdad, con problemas de violencia, dentro y fuera de sus familias y entorno social, lo cual deriva en deserción escolar, consumo de drogas e, incluso, la comisión de delitos.

De acuerdo al Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, los adolescentes mexicanos en conflicto con la ley tienen entre 15 y 17 años, presentan un retraso escolar superior a los cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, y trabajan en actividades informales para contribuir a los gastos familiares.

Ante este panorama, concluyen, es primordial que jueces, magistrados, ministerios públicos y defensores, cuenten con las herramientas necesarias para brindar a los menores de edad la atención especializada que requieren, garantizándose así mejores escenarios de desarrollo, libres de estigmas y con pleno respeto a sus derechos.

La Comisión Permanente aprobó 21 dictámenes más de la Segunda Comisión, entre los que destaca la petición al IMSS e ISSSTE de impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos eficaces, oportunos y de calidad.

Ello, con el fin de que se cumplan los compromisos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, de incrementar el acceso de la población a la seguridad social, independientemente de la condición económica o social de las personas. La estrategia para su cumplimiento es garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad; y la meta del ISSSTE es reducir a once los días de espera para una cirugía, consultas a cuatro días, y estudios y terapias a dos.

En otro punto de acuerdo, el Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Salud coordinarse con sus homólogas en las entidades federativas, a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos durante el embarazo, parto y puerperio de todas las mujeres.

Además, plantean homologar las condiciones de salud durante el embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030, presentada en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

En dictamen por separado, el Poder Legislativo pidió a la Secretaría de Salud que emita una Norma Oficial Mexicana que establezca los lineamientos para regular la práctica de la homeopatía, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otra parte, la Comisión Permanente invitó al escritor, pintor y académico Fernando del Paso Morante a una sesión solemne para hacerle entrega de un reconocimiento por su obra y trayectoria.