Por: Redacción

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendió 52 líneas de medición de emisiones en 14 de los 17 verificentros que su personal inspeccionó este viernes, en la primera jornada de revisión de cumplimiento de la norma emergente que establece nuevas condiciones para la verificación vehicular, en los seis estados que comprenden la Megalópolis.

Además, se remitieron nueve vehículos particulares al corralón en la zona conurbada de la Ciudad de México y se infraccionaron dos tractocamiones en la entrada de la Ciudad por la carretera a Querétaro. Todo esto con la ayuda de dos puestos móviles con sensores remotos de emisiones vehiculares operados por la SEMARNAT en coordinación con la PROFEPA y con el apoyo de la Policía Federal y la del Estado de México.

Ayer, durante el primer día de la entrada en vigor de la NOM-167, 16 brigadas conformadas por 64 inspectores federales y abogados (conformadas por 3 inspectores y un abogado cada una), iniciaron las visitas de inspección a los 447 verificentros de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, mismos que habrán sido visitados antes del 31 de diciembre próximo.

Durante el mes de julio se llevarán a cabo entre 128 y 160 visitas de inspección a igual número de centros de verificación vehicular en los seis estados que conforman la megalópolis.

El titular de PROFEPA, Guillermo Haro Belchez, junto con funcionarios de la dependencia, supervisó el trabajo de los inspectores en tres verificentros de la ciudad de México y el Estado de México (uno para verificación de transporte público federal y dos para transporte particular), además de un puesto móvil con sensor remoto.

En un comunicado, la dependencia detalló que una vez realizado el trabajo técnico de los supervisores en los verificentros, se levanta un acta de inspección que se firma, se entrega copia al responsable del verificentro y se prepara el inicio de un procedimiento administrativo mediante un emplazamiento. De encontrarse irregularidades graves, como fue el caso, se procede a la clausura de las líneas de medición de emisiones.

El procedimiento administrativo garantiza el derecho de audiencia y plazos para presentar pruebas, de acuerdo con la Profepa. Asimismo, puede establecer medidas correctivas y plazos para su cumplimiento. Una vez resuelto puede imponer sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad.

Las medidas de seguridad impuestas no se levantarán hasta en tanto no se dé cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas por la autoridad. De presentarse reiteradamente irregularidades graves o no cumplirse las medidas ordenadas por la autoridad federal podrá solicitarse a las autoridades locales la suspensión o cancelación de las concesiones o autorizaciones otorgadas, independientemente de los procesos penales que puedan derivarse.

La Profepa aclaró que no revisará vehículos ni actuará en contra de particulares, sino que exclusivamente realizará sus acciones dentro de los verificentros, revisando el correcto funcionamiento de los instrumentos que se utilizan para evaluar las emisiones vehiculares para que estas sean confiables, reiteró.

En la llamada Megalópolis se tienen registrados un total de 447 verificentros (338 centros de verificación para el transporte particular y 109 unidades de verificación para el transporte público federal) que serán inspeccionados en los próximos meses en su totalidad.

También operan 338 centros de verificación para transporte particular, de los que corresponden 67 a la Ciudad de México, 117 al Estado de México, 63 a Hidalgo, 17 a Puebla, 42 a Morelos, y 32 a Tlaxcala.

Asimismo hay 109 unidades de verificación vehicular para transporte público federal que también serán inspeccionadas, ubicándose 22 en la Ciudad de México, 46 en el Estado de México, 13 en Hidalgo, 16 en Puebla, 6 en Morelos, y 6 en Tlaxcala.