Por: Redacción/

Productores de leche del sector social se pronuncian por una revisión integral de los procesos productivos, de infraestructura, industrialización y comercialización de este alimento y sus derivados, por parte del próximo gobierno, frente a un sometimiento soportado por 24 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.

“Puras pérdidas en el periodo de referencia, hemos tenido que enfrentar 150 mil productores sobrevivientes, después de que 600 mil pequeñas unidades desaparecieron del esquema productivo”, afirmó el dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz.

Las razones de esta “quiebra técnica y económica” por llamarla de alguna forma, añadió González Muñoz, se debe a la ausencia de una planeación puntual de parte de las instituciones gubernamentales y de la indefinición de políticas en donde predomina la duplicidad de funciones y la falta de claridad en el ejercicio de los recursos fiscales que destina el gobierno federal a este sector”.

“Es deprimente para los pequeños productores mexicanos, que aportamos el 80 por ciento del volumen nacional de leche, luchar cada año por un incremento en el precio –‘aunque sea similar al índice inflacionario’—cuando se permite el ingreso de leche en polvo de segunda calidad, por valor superior a 2 mil millones de dólares anuales”, enfatizó el líder.

La competencia en lácteos no sólo proviene del exterior, sino de una terrible adulteración interna de derivados que se comercializan como leche, quesos, yogures, cremas, mantequilla y bebidas que ponen en riesgo la salud de los consumidores, con la complacencia de Cofepris y Profeco, que “no hacen su trabajo de revisar los alimentos que llegan a México a través de empresas transnacionales y los precios de comercialización no acordes”, apuntó Álvaro González.

Se estima que un sector menor al uno por ciento de productores (aproximadamente 850) sustenta sus ingresos en su participación accionaria de las industrias, donde la mayor parte de sus utilidades proviene del comercio de productos adulterados y no de la producción lechera nacional.

En otro orden, Álvaro González expresó que “la preocupación de 150 mil productores no integrados a la cadena de valor, se basa en que la nueva administración continúe el mismo esquema de gobiernos anteriores”.

“Lo que no queremos, sostuvo, es que la esperanza añeja de los pequeños y medianos productores se vuelva a posponer para otro sexenio”.

Propuso que, a través de LICONSA, se diseñe una política “que asegure nuestra permanencia”; que pague precios que permitan a productores sobrevivir y que no sean las grandes empresas y sus organizaciones las que incidan en el destino de la paraestatal y de la producción nacional.

Consideró que la empresa LICONSA, en una perspectiva diferente, sería un factor de rescate de 150 mil pequeños y medianos productores, y el organismo impulsor de la producción nacional y la generación de empleos, tanto en las ciudades como en el medio rural, por lo que solicitó que, a través de dicha empresa se haga realidad la primera acción del próximo gobierno en el tema lechero.