Por: Redacción/
Es necesario privilegiar la experiencia, eficiencia y probidad de los candidatos a las siete vacantes a magistrado en el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, para que en pleno ejercicio de independencia, estos puedan impartir justicia en materia penal, familiar, civil y mercantil de manera imparcial y objetiva, subrayó el diputado federal de morena Juan Romero Tenorio.
El legislador capitalino presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a que en cumplimiento de los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad en la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta entidad, publique la convocatoria a ocupar las magistraturas vacantes, y privilegie la carrera judicial de aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Además, para hacer un llamado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que al momento de enviar sus propuestas para ocupar las vacantes de magistrados en el TSJ, cumplan con lo establecido por los artículos 95 y 122, inciso A, fracción IV, de la Constitución mexicana, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los mismos.
“La independencia de todo órgano que realice funciones jurisdiccionales es indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en cuanto al derecho humano; en su ausencia, se afecta el derecho de acceder a la justicia, se genera desconfianza y hasta temor; se termina por orillar a las personas a no recurrir a la los tribunales”, reflexionó.
Romero Tenorio agregó que con este recurso legislativo, que ya fue aprobado, quedará sentado que no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente, o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación.
Esto, siguiendo las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre que los Estados introduzcan un sistema de selección a fin de evitar que la “jerarquía judicial interna” vaya en contra del desempeño independiente de funciones.
En ese sentido, recordó que en febrero de 2017 durante el proceso de designación de 18 magistrados al Tribunal –propuestos por Mancera Espinosa-, al menos cuatro tenían antecedentes de inhabilitación, querellas penales, salarios excesivos y nexos políticos con diputados y funcionarios del Gobierno central, hecho que podrá impedirse debido a la modificación propuesta.
Asimismo, insistió en la relevancia de la independencia, ya que si un juez, fiscal o defensor público cuenta con criterios específicos y objetivos para conocer las condiciones de ascenso, se libera de la necesidad tener que complacer en el fallo de los casos a las autoridades de las cuales pudiera depender; eliminándose así los riesgos relacionados con la corrupción.
Por ello, aseguró que debe imperar la selección con base en el mérito y capacidades, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar, de tal manera que se asegure la igualdad de oportunidades, sin privilegios o ventajas irrazonables.
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