• La diputada del PRI argumentó que su iniciativa propone que el matrimonio forzado de menores se sancione con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA.

Por: Redacción/

Los matrimonios forzados son el reflejo de la desigualdad, la discriminación y la desprotección que viven las mujeres indígenas, que se debe enfrentar, por ello deben ser catalogados como un hecho grave y tener consecuencias, señaló la diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) al presentar una iniciativa que busca erradicarlos y frenar esta violación a los derechos humanos.

Al exponer una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona el Capítulo IX del matrimonio forzado de menores al Código Penal Federal, en materia del Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia, la legisladora precisó que estas uniones son una forma de violencia y de esclavitud que se esconde en “la tradición de nuestros pueblos originarios”.

En un comunicado indicó que es una burda manipulación del derecho de las mujeres, especialmente de las niñas, a una vida libre de violencia.

Aseguró que los “abusos y costumbres” forman parte de una moralidad hipócrita, no sólo de la sociedad en su conjunto, sino del Estado mismo y de sus instituciones, “ignorando a lo largo de siglos el llanto, el miedo y la humillación de nuestras madres, hermanas e hijas en esas comunidades, en las cuales se padecen cuatro discriminaciones: por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas y por ser niñas”.

Ante ello, Cruz Mendoza argumentó que su iniciativa propone que el matrimonio forzado de menores se sancione con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, se le impondrá la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la realización del ilícito.

También comete el delito de matrimonio forzado de menores, explicó, toda persona que, mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita, obligue a una menor de edad a contraer matrimonio, así como la entrega de pagos para lograr el consentimiento de la menor

Puntualizó que los matrimonios forzados, además de ser una forma de violencia familiar, son resultado del entrecruce de un sistema patriarcal hegemónico en las comunidades con la complicidad de las autoridades tradicionales, municipales, estatales y federales. Es una situación, agregó, en la que viven y crecen miles de niñas en las comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y casi todo el sureste de México.

En este sentido, expresó que es el momento de no distraer la mirada en esta lucha que “mantenemos las mujeres indígenas y afomexicanas para que un día, más temprano que tarde, la violencia deje de ser costumbre”.

Después de la exposición en tribuna, diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios pidieron adherirse a la iniciativa de la diputada priista, la que se turnó a la Comisión de Justicia para su dictamen.