Por: Redacción/

Senadores, analistas y organizaciones de la sociedad civil consideraron prioritario crear una Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza que sea regulada, controlada y transparente para contar con un instrumento que determine cómo será utilizada para evitar patrones excesivos de la Guardia Nacional.

En el segundo día del Foro “Parlamento Abierto sobre las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional”, el senador Álvarez Icaza señaló que la Ley del Uso de la Fuerza, es uno de los cuatro instrumentos normativos que regirán su operación.

Confió en que se cumplan los tiempos para su dictaminación, ya que la reforma constitucional que creó la Guardia establece una temporalidad, al 25 de mayo, para que se apruebe su Ley Orgánica. Las otras tres -la Ley del Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública- deberán ser avaladas a más tardar el 24 de junio.

Daira Arana Aguilar, representante de la organización Causa en Común, señaló un vacío legal en la Ley del Uso de la Fuerza. Se obvia que las Fuerzas Armadas tienen esta facultad, pero ésta se confunde con la fuerza pública que ejercen los cuerpos de seguridad, “éstos dos términos no son equiparables”, resaltó.

Es necesario, dijo, que la ley sea operable y concreta en lo que refiere a las facultades de cada integrante del nuevo cuerpo de seguridad. Se requiere establecer medidas previas a la operación de la Guardia, durante y posteriores. Éstas últimas incluyen la transparencia y rendición de cuentas.

El secretario Técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, Ernesto López Portillo, señaló que los encargados de crear las leyes regulatorias están obligados a revisar datos, información, estudios, experiencias y mecanismos utilizados previamente.

Manifestó que si la ley no incluye mecanismos de fiscalización que no dependan de la policía y de las Fuerzas Armadas, ese instrumento estará violando los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A su vez, Carlos Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que en lugar de crear una ley nacional se debe pensar en crear políticas institucionales del uso de la fuerza, donde haya mecanismos como rendición de cuentas y controles auditables.