• Las reformas a la ley habrán de privilegiar las licitaciones públicas por encima de cualquier herramienta legal de excepción, porque es lo que asegura menos puertas abiertas a la corrupción.

Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados revisará con lupa la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su renovación y modernización no tiene que aceptar tantas excepciones para romper las reglas básicas que rigen las licitaciones públicas y ceder a las adjudicaciones directas, adelantó la diputada Soraya Pérez Munguía.

Al moderar la reunión virtual de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria Farmaceutica (Canifarma) y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos México (AMID), la legisladora priista recibió una contrapropuesta a la iniciativa de ley, presentada por Morena.

Los agremiados a estas cámaras, que se dedican a la prevención de la salud y atienden el sector público y privado nacional, advirtieron que la intención es incrementar las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones públicas, acción que provocaría la competencia desleal, mayor corrupción y un riesgo a la salud de los mexicanos, debido a que las compras gubernamentales podrían no cumplir con las características de calidad y seguridad de los productos contratados.

Pérez Munguía dijo en un comunicado que las propuestas vienen a tiempo. “Tenemos en Tabasco un antecedente de esta forma desaseada de legislar. El Congreso estatal hizo reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública y fueron tantas las excepciones que no lograron alinearse al texto constitucional, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió echar para atrás los cambios”, precisó.

A los representantes industriales relacionados con la tecnología y los dispositivos médicos, reiteró que su inquietud será tomada en cuenta, pues el tema que abordaron no es menor, existe la posibilidad de que se dé una mayor corrupción, al estar los procedimientos a discreción de una persona o autoridad al momento de proveer de insumos médicos, medicamentos o cualquier dispositivo al sector público.

Insistió en que las reformas a la ley habrán de privilegiar las licitaciones públicas por encima de cualquier herramienta legal de excepción, porque es lo que asegura menos puertas abiertas a la corrupción.

El sector relacionado con los dispositivos médicos genera 130 mil empleos directos, es mano de obra calificada y permite a nuestro país ocupar el octavo lugar en el mundo como exportador y el primero en América Latina, destaca la venta de agujas tubulares de sutura, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria y mobiliario para medicina, además, jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.