Por: Redacción

Con el voto en contra de legisladores del PRI, PAN y PVEM, se dio marcha atrás a una propuesta del Grupo Parlamentario de Morena para exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), José Antonio González Anaya, a que separe de su cargo a María Rosario Brindis Álvarez, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de esa empresa, por su presunta intervención para que se le otorgaran contratos a su esposo, Alberto Ríos Treviño, por adjudicación directa y un monto de 567 millones de pesos.

En el marco de la reunión de trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada Rocío Nahle García llamó a esos partidos a poner un alto a casos de corrupción como el de Brindis Álvarez, quien debe ser retirada de su cargo, en tanto se realizan las investigaciones de la denuncia interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, hicieron caso omiso.

La Coordinadora de la bancada de Morena explicó que González Anaya debe tomar medidas cautelares, debido a que la denuncia contra Brindis Álvarez –quien también es Presidenta Suplente del Comité de Transparencia– es por presunto tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y conflicto de interés, al haber intervenido para que PEMEX Exploración y Producción otorgara contratos a empresas de las que su cónyuge es representante.

“Este Punto de Acuerdo surge de una denuncia hecha porque la Enlace Legislativo de PEMEX con todos los Congresos de los estados, el Senado y la Cámara de Diputados, incurrió en tráfico de influencias, abuso de poder y mil cosas. Su esposo trabaja en una empresa que se llama Strategic Excellence y se le adjudicó de forma directa un contrato, sin licitación, de 567 millones de pesos para el servicio a unas plataformas”, puntualizó.

Nahle García solicitó también que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie las investigaciones por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones de Brindis Álvarez, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México.

“El Punto de Acuerdo que presentamos va más allá, para que la PGR investigue estos datos que ya salieron a la luz pública, donde hay un conflicto de intereses, una asignación directa. Que vaya al fondo de este contrato de 567 millones de pesos”.

En ese contexto, lamentó que los legisladores priistas, panistas y del Verde Ecologista aprobaran sólo dos de las cinco propuestas que incluía su Punto de Acuerdo. Con ello, la Tercera Comisión dio su aval únicamente para que las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) investiguen el caso, de acuerdo con sus atribuciones.

La legisladora federal por Veracruz pidió ser congruentes con todas las acciones que se han emprendido en materia de transparencia y anticorrupción en el país, debido a que casos como el de Brindis Álvarez son protegidos por la opacidad y múltiples trabas para que no se esclarezcan.

Así ocurrió, apuntó, con el exdirector general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, quien recibió sobornos por 5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, para que se le otorgaran jugosos contratos por parte de la empresa productiva del Estado.

Posteriormente, el diputado Vidal Llerenas Morales reiteró la necesidad que María Rosario Brindis sea separada como Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de PEMEX, con el fin de que las investigaciones fluyan de manera correcta, dada la magnitud y lo delicado del tema.

“Es una funcionaria que forma parte del Comité de Trasparencia de PEMEX. Esto es importante por el propio caso; hay problemas de trasparencia de PEMEX. Nosotros hemos solicitado los contratos en el tema de Odebrecht y nos responden que no tienen ninguna información”.