Por: Redacción/

El presupuesto del campo mexicano debe elevarse a rango constitucional y planearse a cinco años, para dar certidumbre a productores y garantizar el abasto de alimentos, señaló la diputada Erika Sánchez Martínez (PRI).

Con este propósito, presentó una iniciativa para reformar el artículo 74 de la Constitución, y ajustar las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de disponer de recursos públicos suficientes para dar certidumbre al productor en sus expectativas de ingreso y estabilidad.

Por medio de un comunicado, la diputada indicó que la política de austeridad del Gobierno Federal deja al campo en el desamparo y en competencia desigual. “Nuestros productores están en riesgo de quedar fuera de los mercados internacionales, debido a los recortes al presupuesto y a la eliminación de programas de apoyo a la competitividad, productividad, tecnificación y desarrollo de mercados agropecuarios.

“Estos programas fueron sustituidos por otros de corte asistencialista e incluidos dentro del Programa Especial Concurrente (PEC), por lo que el monto total no parece haber disminuido considerablemente, sin embargo, son programas que no fomentan la producción de alimentos ni la soberanía alimentaria”, advirtió Sánchez Martínez.

Recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomendó producir al menos el 75% de los alimentos que se consumen en el país; de continuar así, para el 2028 México será el principal importador de maíz en el mundo, segundo de sorgo, aves y cerdos, sexto de trigo, octavo en arroz y noveno de carne de res.

Frente al reto de autosuficiencia alimentaria, el presupuesto para el campo y sus productores, debe fundarse desde la Constitución y planearse a cinco años, considerando un incremento anual de al menos la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Cabe destacar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 contempla para el PEC 334 mil 875 millones de pesos, lo que significa una reducción de 4 mil 995.8 millones respecto a lo ejercido este año.

Lo anterior, en contraste con los programas que entrega el gobierno de forma directa a las familias, los cuales registran presupuestos holgados, denunció la legisladora.