Por: Redacción/

La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN), se pronunció por impulsar la conservación de ecosistemas, actividad vital para mitigar efectos nocivos del ambiente como erosión del suelo, deslaves y fenómenos meteorológicos extremos que provocan pérdida de vidas humanas.

En el Tercer Seminario sobre Conservación Voluntaria de Predios, la legisladora exhortó a las autoridades ambientales a crear y mantener programas que promuevan la participación de la sociedad en la preservación de los ecosistemas.

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), son sitios productivos dedicados a una función de interés público, proveen servicios ambientales, contienen biodiversidad relevante y propician conectividad ecológica.

La legisladora urgió a la Cámara de Diputados a dotar de presupuesto suficiente dirigido al cambio climático en 2018, ya que “ahí es donde fallamos nosotros”.

Es fundamental estar conscientes del papel que juegan los bosques en los ecosistemas, regiones que contribuyen en un 25 por ciento a la captura de gases de efecto invernadero; por ello, dijo, es necesario incrementar su reforestación.

La protección de la biosfera reduce la vulneración de la población y las consecuencias perjudiciales del cambio climático; de ahí la importancia de la participación de particulares en la generación de proyectos ecológicos y sociales, detalló.

El diputado presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), entregó junto con el Comisionado Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, Alejandro Del Mazo Maza, certificados por los que se reconocieron como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, a los ejidos Agua Buena; Las Palmillas de Cerro Verde y La Ventosa, todos en Oaxaca.

El legislador mencionó que las ADVC representan un gran aporte de la ciudadanía hacia el país, y pidió a los ejidatarios informar a más ciudadanos, sobre las ventajas de certificar sus espacios naturales como áreas de conservación voluntaria.

El secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputado Fernando Rubio Quiroz (PRD), destacó el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al promover a nivel nacional la conservación voluntaria de predios, que garantiza el derecho de los ciudadanos a tener un medio ambiente sano.

Al inaugurar el seminario, resaltó la importancia de sumar áreas preservadas y deseó que más personas que tienen la oportunidad de incorporarse a esta actividad, lo hagan.

“Este evento servirá para enviar un mensaje a las comunidades, a fin de que repliquen en todo el país el acto voluntario de conservar espacios naturales; es un acto en favor de los ecosistemas”, subrayó.

Asimismo, consideró relevante que las políticas públicas en materia ambiental vayan encaminadas a asegurar un México sustentable, verde y próspero a las siguientes generaciones.

Alejandro Del Mazo Maza, comisionado nacional de Aéreas Naturales Protegidas, apuntó que el país cuenta hoy en día con 182 áreas naturales protegidas de carácter federal que suman en total 90.8 millones de hectáreas.

En la presente administración, resaltó, casi se ha triplicado esta superficie, toda vez que durante el 2016 avaló cuatro nuevas áreas naturales; la reserva de la biosfera del Caribe Mexicano, con cinco millones de hectáreas; Islas del Pacífico, integrada por 21 islas y 97 islotes en la región de las Baja Californias; la Sierra de Tamaulipas y la zona de Bavispe, Sonora.

Más de 18 entidades federativas tienen áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y la Comisión a su cargo, pretende promover modificaciones legislativas que fortalezcan la protección de estos ecosistemas.

Del Mazo Maza aseguró que las áreas naturales son una herramienta de conservación que ha permitido cumplir con los compromisos internacionales para la preservación de la diversidad biológica.

La certificación voluntaria de predios tiene grandes beneficios para el medio ambiente, permite la regulación de la temperatura y la humedad; el control de la erosión; mejora en la infiltración de los flujos hídricos; contención de azolve, derrumbes e inundaciones, la conservación de la diversidad biológica e impulsa mayores herramientas para el desarrollo sustentable.

Además, trae beneficios a los propietarios que de manera voluntaria integran sus tierras a las áreas protegidas como la certificación de servicios generados en dichos predios y la obtención de subsidios federales.

También, se otorga a los dueños amparo contra amenazas originadas por terceros, como la obra pública y los proyectos de desarrollo, contra la firma de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos e impide que sus predios sean considerados como tierras ociosas en caso de reparto agrario, garantizando el respeto de la tenencia de la tierra.

María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística, de la Secretaría de Turismo, manifestó que la preservación voluntaria es ejercicio responsable que beneficia a actuales y futuras generaciones. “Abre la posibilidad de generar actividad económica y es en favor de la gran biodiversidad del país”.

Vivimos en un entorno en donde se reconoce que la actividad económica y turística tiene gran responsabilidad, pero no sólo para crear empleos o riqueza en las comunidades, también para convertirse en un instrumento de preservación del patrimonio natural y cultural.

Si bien podría pensarse que la conservación de zonas y la detonación económica son incompatibles, “este ejercicio demuestra que, por el contrario, son tareas de diseño colaborativo que nos permiten aprender cómo el turismo y la protección de áreas van de la mano”.

La subsecretaria sostuvo que a pesar de que México es el octavo país en recepción de turistas internacionales, ocupa el lugar 22 en competitividad turística; de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la infraestructura carretera y aeroportuaria es débil.

“Es necesario convencer a empresarios, emprendedores, y académicos que el turismo natural, puede ser instrumento extraordinario para generar bienestar social e impulsa la conservación de recursos ecológicos”, refirió.

Gabriel Calvillo Díaz, subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), manifestó que se deben perfeccionar los mecanismos de conmutación hacia proyectos pro-ambientales con las sanciones y las multas bajo la justicia restaurativa.

Actualmente, a quién dona su predio para área natural protegida se le otorga su derecho a accionar y acudir al Poder Judicial de manera independiente, a demandar en caso de que un tercero genere alguna afectación a su propiedad; la sanción para este ilícito oscila entre cuatro y 12 años de prisión.

Hilda Guadalupe González Hernández, gerente de servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), refirió que cerca de 2.52 millones de hectáreas en el país se encuentra bajo este esquema con altos valores ambientales, 95 por ciento localizadas en regiones de alta marginación y en zonas de riesgo de desastres naturales.

Añadió que este total se focaliza 50 por ciento en bosques, 33 selvas, 14 zonas áridas y 3 por ciento en manglares. Este programa beneficia alrededor de 4 mil 400 personas.

Miguel Ángel Cancino Aguilar, procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, consideró que armonizar las políticas públicas federales con las locales en torno a la conservación voluntaria de predios, logrará una protección de suelo eficaz, y reconocer la necesidad de establecer reservas ecológicas comunitarias.

Expuso que en el caso de la CDMX se destina un presupuesto de casi 21 millones para fortalecer y mejorar barrancas, bosques urbanos como Chapultepec y Aragón y las reservas comunitarias de conservación ecológica, además de impulsar la participación de la ciudadanía para la conservación, rescate, rehabilitación, y aprovechamiento sustentable de estas regiones.

Detalló que de las 88 mil hectáreas que comprende suelo de conservación natural, cerca 3 mil están ocupadas por asentamientos humanos irregulares.

En su Conferencia Magistral, Bruno Monteferri, director general de Conservamos por Naturaleza, instó a que la preservación del medio ambiente sea más democrática, a fin de que más personas se sientan parte de un gran movimiento.

Explicó que un problema serio es el consumismo, pues los individuos adquieren productos sin pensar cómo afecta todo eso a los ecosistemas. “Hay urgencia por cambiar patrones de consumo en las ciudades, para transitar hacia un modelo sostenible”.

La conservación voluntaria es un catalizador para la transformación que la biodiversidad requiere, pues hoy “estamos experimentando una nueva forma de convivencia de miles de personas en espacios pequeños”.

Sobre las áreas de conservación voluntaria, refirió, debe elaborarse un programa de precios justos para que los productos hechos en esos lugares compitan y generen recursos para las comunidades. Asimismo, se necesitan nuevos modelos que vinculen y potencien el turismo como medio de conservación.

Roberto de La Maza Hernández, director de Política y Gestión Ambiental de Asesores Integrales S.C, planteó modificar los criterios para certificar predios catalogados como “importantes”, pues van más allá de los criterios de la ley. Estos criterios son: características físicas y biológicas, estado de conservación y plazo de certificación.

Adrien Gasse-Margat, de la Red de Reservas Privadas y Sociales de la Península de Yucatán, coincidió en modificar la ley, a fin de que se reconozcan las áreas protegidas privadas brindándoles apoyo para su conservación.