Por: Redacción/

Más de 60 integrantes de la bancada del PAN presentarán este miércoles, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para enmendar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, informó la diputada Laura Angélica Rojas Hernández.

En un comunicado, indicó que la propuesta busca atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 20 de mayo pasado, que invalidó los artículos 6 y 7 de esa legislación, después de analizar dos acciones de inconstitucionalidad.

La legisladora panista expuso que su iniciativa modifica los preceptos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y adiciona los artículos 6Bis y 7bis, y sus elementos más importantes son:

a) Crear el Sistema de remuneraciones, integrado por los procedimientos para determinar, pagar, verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos;

b) Contemplar una metodología de valuación de los puestos que se utilizan por cada órgano público, para ubicarlo en el grupo y grado de responsabilidad que corresponda en los tabuladores;

c) Garantizar la proporcionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos, determinando el grado del puesto por la relación directa del impacto o contribución que representan en mayor o menor medida las funciones respectivas;

d) Crear el Comité de Remuneraciones, como un órgano colegiado integrado por tres representantes de la Cámara de Diputados, uno del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial y uno que represente a los órganos constitucionales autónomos y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; cuyas atribuciones se centraban en proponer la remuneración total anual del Presidente de la República para que sea incluida en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, basada en criterios objetivos y respetando los principios rectores del sistema de remuneraciones de los servidores públicos.

e) Garantizar que los salarios de los servidores públicos se actualizarán tomando en cuenta factores como el índice inflacionario, el costo de vida en los lugares que se ejerza la función, el tipo de función que se lleva a cabo y el sueldo promedio en el sector privado por una función similar o equivalente.

Rojas Hernández explicó que estas propuestas de reforma, en ningún momento desconocen la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el Paquete Económico, que envía el titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su análisis, sino todo lo contrario, pretende coadyuvar en la toma de tan importante decisión a cargo de los diputados federales.

Refirió que entre las sugerencias que menciona la SCJN están establecer: funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto; especialización; costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público; la integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que desarrollen, entre otras.

Asimismo, la SCJN aclara que los anteriores criterios sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían algunos parámetros que permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades y, en consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera discrecional.

“Es importante mencionar que, las sugerencias realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la sentencia no son vinculantes, pero sí mencionan elementos trascendentales, que Acción Nacional buscó incluir en la ley aprobada”, dijo.

Rojas Hernández recordó que presentó anteriormente dos iniciativas sobre el tema: una como senadora de la República (enero 2017) y la otra a inicios de la presente Legislatura (noviembre 2018), además de una reserva durante la discusión del dictamen (diciembre 2018), misma que fue desechada por la mayoría, en donde se contemplaban diversas propuestas que fortalecían el marco normativo y hubieran evitado que fuera declarado inconstitucional el texto de la Ley.