Por Meztli Islas
La senadora panista Mariana Gómez del Campo destacó durante una conferencia de prensa que el próximo sábado se celebra el Día del Niño, y en el marco de la celebración varios legisladores presentaron una iniciativa de ley con “la que queremos contribuir a la consolidación de los derechos de la infancia, no solamente de aquellas niñas y niños mexicanos; sino que también se vean respetados los derechos de miles de niños y adolescentes migrantes que se encuentran en nuestro país”.
Dijo que esta iniciativa se integra al paquete de reformas a la Ley de Migración, que hemos presentado en los últimos meses, que nos comprometimos a impulsar, particularmente los senadores Layda Sansores, el senador Zoé Robledo, el senador Humberto Mayans; desde el mes de octubre de 2013, durante la Semana del Migrante.
Hizo un recuento de las iniciativas de reforma que este grupo de legisladores han promovido y que son fortalecimiento al Instituto Nacional de Migración, en abril de 2014; acceso a la justicia y debido proceso, presentada en julio de 2014, y regularización administrativa y alternativas a la detención, presentada en diciembre de 2014.
Luego, señaló que en coordinación con la senadora Layda Sansores, quien preside en este momento la Comisión de Migración, sostuvieron un encuentro con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio vargas Fosado.
Al referirse a la propuesta, señaló que se busca “que la determinación del interés superior de la niñez verdaderamente se convierta en una prioridad. Que logremos que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea la que determine los ejes rectores para cumplir esta meta.
“Una acción particular es que sea la Procuraduría Federal de Protección a la Niñez o de las procuradurías de las entidades federativas, las instancias que realicen esta determinación; tal y como lo establece la Ley General de la materia.
“Queremos eliminar la discrecionalidad con la que muchas veces el Instituto Nacional de Migración actúa, de una forma con respecto a niños migrantes acompañados; y de forma distinta con los niños que viajan solos.
“Buscamos también que el INAMI deje de ser juez y parte en los procedimientos que lleva a cabo con la niñez migrante, que no sea su función principal la de deportar de manera indiscriminada a la niñez migrante; sin que se lleve a cabo un procedimiento administrativo de por medio, cumpliendo con ello con una de las virtudes de la Ley General y también de su reglamento.
“Basta comparar el incremento en la detención de niñas, niños y adolescentes, que han sido presentados ante la autoridad migratoria, y que terminan siendo devueltos a su país de origen por parte del INAMI”.
Además, dijo, los datos son contundentes: la detención y devolución de niños pasó de 7 mil 31 en 2013; a 16 mil 644 en 2014. Es un incremento del 136 por ciento de detenciones y devoluciones; sin que se respetara el debido proceso, falta de claridad e incluso incongruencia entre normas; y lo único que propicia es que se viole la ley por un lado y por otro lado, que se estén violando los derechos humanos.
“Se ha perdido también el sentido humano que debe guiar la actuación de la autoridad. Muchos de los niños se han visto obligados a abandonar sus países y comunidades por la violencia, por la inseguridad, por la falta de oportunidades para desarrollarse; y la respuesta del Gobierno mexicano debería ser acogerlos, protegerlos empleando en los casos que amerite, la figura del asilo.
“Lo que ocurre hoy con esta política persecutoria, es condenar a esos niños a situaciones de enorme riesgo.
“México se ha caracterizado siempre por ser un país de brazos abiertos. Tenemos que ser un factor clave para superar esta crisis humanitaria que se vive en América Latina.
“Hablar de niños que viajan solos, es hablar de los más vulnerables, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia”.
Por ello, agregó la senadora panista, el número de casos de niñas, niños y adolescentes que emigran sin compañía de un adulto, aumentó 333 por ciento de los años 2013 a 2015, y solamente los casos que fueron registrados por autoridades mexicanas pasaron de 5 mil 596 a 18 mil 650 en esos dos años.
Lo que nosotros queremos –señaló– con esta iniciativa es que haya una verdadera coordinación operativa y presupuestal entre el Instituto de Migración, el DIF nacional y los sistemas de DIF de las entidades federativas, porque hoy hemos llegado al extremo de que el Instituto que debería poner a disposición del DIF a los niños no lo hace porque no cuenta con el personal, con las instalaciones o el presupuesto necesario ni en los DIFS ni en las Procuradurías de Protección a la Infancia.
“Que ese es uno de los temas que tratamos el día de hoy con el Comisionado Nacional. No hay recursos para atender a nuestra niñez migrante.
“Es muy difícil implementar las leyes que hemos aprobado en este Senado, si el Ejecutivo Federal no se sensibiliza con respecto a que debe haber un presupuesto específico, y por eso queremos armonizar la legislación para que sea atendido de fondo, y sin recursos va a ser muy complicado.
“En 2015, el Instituto de Migración recibió el presupuesto más alto en toda su historia: 12 mil 760 millones de pesos. Es decir, 111 por ciento más que el del Ejercicio Fiscal 2014, pero que una proporción muy alta de estos recursos se destinen a gasto, en comunicación y gasto corriente, hace que no ocurra nada con respecto a nuestros niños migrantes.
“¿Nosotros qué estamos proponiendo? Pues que se distribuya entre instancias, que se destine a programas que son urgentes, como lo es este programa.
“En los tres años que lleva esta administración, ha ejercido un total de 22 mil 138 millones de pesos; cifra casi igual a lo ejercido de 2004 a 2012, y eso no puede seguir igual porque la cifra de niños solos que han sido retenidos indebidamente va en aumento, y a ello se suma la creciente cantidad de niños que son retornados hacia los Estados Unidos”.
Luego, puntualizó, concretamente estamos buscando a través de esta iniciativa armonizar la Ley de Migración con las disposiciones que este Senado de la República aprobó en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para eliminar incongruencias, tener una verdadera coordinación operativa entre las instancias de gobierno para que se privilegie el interés superior de la niñez, y que se cuente con el presupuesto preciso para que se cumpla la ley.
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