Por: Redacción/

El senador Alejandro Armenta Mier, en nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila, propuso modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de fortalecer al sistema financiero y a las instituciones de inteligencia en el combate al crimen organizado, en materia de lavado de dinero y terrorismo.

Se trata, dijo, de una reforma de avanzada que mejorará las finanzas del país y que dará respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conforme a los estándares mundiales en la tarea de prevención y combate al lavado de dinero.

Desde la tribuna, Armenta Mier destacó que el lavado de dinero viene de la comisión de múltiples delitos como la evasión fiscal, falsificación, robo de hidrocarburos, trata de personas, entre otros, realizados por las organizaciones delictivas que dañan al tejido social y pervierten la estructura financiera en México.

Señaló que entre 2004 y 2016 se duplicó el número de operaciones financieras a más de 72 mil registros, reflejando altos niveles durante los años 2014 al 2015, lo que ubica al país como una de las naciones con más flujo de recursos financieros ilícitos.

Un estudio de los últimos 40 años, agregó, muestra que los flujos financieros ilícitos superaron los 872 mil millones de dólares, cantidad que marca el nivel de impunidad y corrupción construido en la nación, a partir del poder público.

En el mismo sentido, planteó incluir en la definición de entidades financieras a los asesores de inversión y a las financieras nacionales de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. En el concepto de negocios, se sustituye el calificativo “cotidiano” por “habitual”, para conferir a la interpretación claridad con mayor respeto con el propósito de la ley.

Además, se dota de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera, para agilizar el desarrollo de las facultades atribuidas a la misma, sin dejar de ser una instancia centralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se faculta también a esta última dependencia, para establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico de quienes realicen las actividades vulnerables, así como recibir y administrar la información de dichos trámites; para informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal; para promover entre las entidades federativas la implementación de unidades especializadas en la recepción y análisis de información que conste en todo tipo de registro patrimonial, que contribuya a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así como para la coordinación, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de todas las autoridades nacionales competentes en materia de prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el propósito de llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones; y, para coordinar, a través de la misma Unidad, sus funciones con las de la Guardia Nacional.

Asimismo, precisó que la SHCP deberá poner a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes los recursos bloqueados en términos de la legislación financiera aplicable, siempre que los usuarios no hagan valer sus derechos.

La reforma, agregó, también contempla la sustitución del término “salario mínimo” por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA). Precisa los procedimientos en el intercambio de información entre el Banxico y la SHCP; señala que la información relativa a partidos políticos, coaliciones, candidaturas y de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.