• Propone el senador morenista, Espino de la Peña, “eliminar subordinación y dependencia que tiene de la Cámara de Diputados”

Por: Redacción/

El senador Rafael Espino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para otorgar a la Auditoría Superior de la Federación autonomía en el ejercicio de sus funciones y administración.

Se trata, explicó, de reformar la Constitución Política para “eliminar la subordinación y dependencia” que tiene la ASF de la Cámara de Diputados, pues es “otra institución sujeta a fiscalización y rendición de cuentas por parte de la Auditoría”.

De este modo, en el proyecto, que fue enviado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el legislador propuso que la Cámara de Diputados sólo pueda coordinarse con la ASF, como entidad autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, para los efectos de llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública.

También sugirió que el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, designe al titular de la Auditoría Superior de la Federación, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Espino de la Peña destacó que es fundamental que se reconozca que la Auditoría, “pese a su corta edad y limitadas capacidades presupuestarias, ha acreditado relativa eficacia en el desempeño de su actividad, adquiriendo un papel cada vez más importante en el control de la discrecionalidad de los recursos públicos federales”.

Es por ello, indicó, que su autonomía en el ejercicio de sus funciones y administración representa una condición indispensable, para garantizar que su trabajo se lleve a cabo de manera imparcial, frente a todos los Poderes de la Unión y entes que ejerzan recursos públicos.

El Sistema Nacional de Fiscalización, dijo, se debe apuntalar como un subsistema consolidado y autónomo, que funcione como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de tal forma que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se lleven a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado.

Es necesario, puntualizó, promover las normas que prevengan y sancionen las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos, o bien, del incumplimiento de responsabilidades que no se vinculan con la hacienda pública.