Por: Redacción

Al iniciar el análisis, discusión y votación de diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas, el diputado Arturo Santana Alfaro, secretario de la Comisión de Justicia -uno de los órganos dictaminadores- informó que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) emitirían un voto de conciencia y argumentó que la citada legislación incluye aspectos trascendentales, como la facultad de atracción que adquiere la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), el interés superior de la niñez y garantizar el apoyo económico de manera expedita a las víctimas a través del fondo.

“Reconocemos las bondades de este dictamen, porque con esto se va a dar respuesta a más de 185 mil mexicanos que se desplazaron a otras entidades debido a la violencia y a la inseguridad”, dijo el legislador respecto a la inclusión en el dictamen del concepto de “desplazamiento interno”.

Sin embargo, ya en la discusión en lo particular, el legislador Omar Ortega Álvarez sostuvo en tribuna que el PRD votaría en contra del dictamen por considerar inaceptable hacer unipersonal la dirección de la CEAV y no un colectivo; además, reprochó que el Ejecutivo federal sea quien nombre al titular, convirtiéndose en juez y parte en un tema tan delicado.

“No tengamos miedo a reconocer que hay violencia en el Estado mexicano, que hay delincuencia organizada. Pero el problema no es reconocerlo, el tema fundamental es prevenirlo”, argumentó y agregó que en materia pericial, lo importante es garantizar a las víctimas su facultad irrestricta y su derecho a determinar qué perito le da mayor certeza, sin importar si es nacional o extranjero.

Varios legisladores presentaron reservas a dicho dictamen.

Por ejemplo, el mismo Ortega Álvarez propuso modificaciones a los artículos 5, 7, 12, 15, 21, 38, 45, 47, 87 y 36, en temas sustantivos como: incluir el concepto de desplazamiento interno forzado, al considerar que el dictamen fue omiso sobre el particular; que se especifique que sea hasta en 12 meses la comprobación de gastos de las víctimas para su indemnización y que la víctima sea quien tenga la facultad de determinar si el perito que requiere para garantizar la idoneidad de las pruebas, es idónea, sin importar si es mexicano o internacional.

Por su parte, la legisladora Cristina Gaytán Hernández presentó reservas a los artículos 12, 15 y 21 de la mencionada ley. Al respecto, señaló que las mismas “tienen por objeto preservar un derecho adquirido ya por las víctimas de violaciones graves a derechos humanos: el de nombrar a expertos o peritos independientes, sea nacionales o internacionales”.

Así, Gaytán Hernández sostuvo que de acuerdo con el artículo primero de nuestra Constitución Política, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Respecto del tema de la asistencia técnica de expertos, destacó que “ha estado presente en el panorama internacional y en los diversos mecanismos de protección a los derechos humanos. Hoy busco que México no retroceda al eliminar particularmente los derechos de las víctimas.

“Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales –advirtió-, a los expertos en antropología forense que con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos, debilitaron la verdad histórica del caso Ayotzinapa construida por Murillo Karam”, puntualizó.

Al hacer uso de la tribuna, la parlamentaria del PRD, Maricela Contreras Julián, expuso reservas a los artículos 5 y 15 Transitorios, señaló que la congruencia debe ser el principal eje de nuestro actuar en esta Cámara de Diputados, no el doble discurso cuando se trata de respeto a los derechos humanos.

La congresista por la Ciudad de México expuso categóricamente: “No nos confundamos, el Estado es el responsable de toda la serie de acciones y omisiones que han causado una larga lista de víctimas en nuestro país.

“El Estado es el responsable de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, esta situación se ve reflejada en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados y violaciones sexuales, entre muchas otras circunstancias que ha sumido a México en la peor crisis de los derechos humanos”.

Agregó que el Estado es el único responsable; “nuestro deber es construir instancias que estén al frente y que hagan frente a estas arbitrariedades que tiene que ver con la discrecionalidad del uso del poder”.

Finalmente, la diputada Olga Catalán Padilla, al presentar reserva al artículo 8 Transitorio, indicó que “los subejercicios, además, hablan de un mal proceso de planeación y de ejecución de parte del gobierno federal, reflejando una serie de problemas, desde la falta de capacidad para ejercer estos recursos, pasando porque los recursos llegan tarde, y esto dificulta su ejercicio”. 

Sostuvo que el mal manejo de los recursos, principalmente a la falta de transparencia, dado que el presupuesto se asigna para un sector, y es utilizado para otros fines.

“En este sentido, planteo que a efecto de incrementar el Fondo de Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas, se adicionen los recursos provenientes de los subejercicios al primer semestre del año”, concluyó.