Por: Redacción

El Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD) y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), presentaron el “Atlas de la Seguridad y Defensa de México 2016”, un análisis estadístico y social de las causas y efectos de la delincuencia organizada, a fin de que los senadores conozcan esta problemática y, a partir de ello, construyan las leyes que permitan combatir eficazmente a las bandas delictivas y la violencia que provocan en el país.

 El libro aborda temas como las mafias en México, el origen del crimen organizado y la descripción de los cárteles de la droga; presenta, además, organigramas, gráficas y mapas elaborados por diversas dependencias de gobierno e instituciones, respecto a seguridad pública, procuración de justicia y operación de la delincuencia.

 Concentra el análisis de expertos en lo relativo a derechos humanos, narcotráfico, legalización de la cannabis, así como la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad, en el contexto de gobierno de Donald Trump.

 El presidente del IBD, Miguel Babosa Huerta, señaló que el libro ofrece los elementos necesarios para que el Congreso supere los retos y obstáculos para la construcción de leyes que permitan superar polémicas, como la participación del Ejército en acciones de seguridad o la instalación del mando mixto.

 “La seguridad pública en México, es un tema de enorme gravedad y que no está en curso su solución. En estas dos últimas legislaturas se abordaron un sinnúmero de leyes para atacar el fenómeno de la seguridad pública”, acotó.

 El secretario del Comité Directivo del IBD, senador Daniel Ávila Ruiz, refirió que el Atlas es resultado de la alianza establecida por el Senado con expertos y académicos, con el objetivo de encontrar alternativas reales de solución al grave problema de la inseguridad en el país.

 El amplio acervo estadístico, con datos del INEGI, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instituciones de la academia, permitirá a senadores y diputados tener un mayor conocimiento de la complejidad del problema de inseguridad en el país, lo que permitirá la construcción de una legislación más efectiva para el combate a la delincuencia y sus efectos, como la impunidad y la violencia.

 “Este libro no podía aparecer en mejor momento, por el entorno de reclamo social frente a las autoridades encargadas de la seguridad pública en nuestro país”, subrayó el senador del Grupo Parlamentario del PAN.

 La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, consideró que la información que ofrece el Atlas no sólo debe ser tomada en cuenta por el Congreso de la Unión, “sino por aquellos que hoy aspiran a la Presidencia de la República, para que hagan sus propuestas en materia de seguridad”.

 Lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la SHCP no logren resultados efectivos en el combate al lavado de dinero, y señaló que los datos demuestran que México ocupa el tercer lugar en el flujo de dinero ilícito.

 El Atlas reporta que el número de armas aseguradas ha disminuido drásticamente en los últimos años, mientras que en el año 2015 se registró la cifra más alta del sexenio en equipos perdidos por la policía. “Ello significa que desaparecieron tres armas diarias de los arsenales de las instituciones de seguridad pública”, puntualizó la senadora del Grupo Parlamentario del PRD.

 La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, refrendó que el Atlas será un instrumento para alcanzar un producto legislativo que sea una herramienta eficaz, para lograr la seguridad en el país y la preservación de la democracia constitucional.

 La información proporcionada permitirá tener más elementos para emprender una legislación sólida en la salvaguarda de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

 De igual forma, será posible establecer una correcta coordinación en el futuro, entre las diversas dependencias federales y estatales, tanto en lo concerniente a seguridad al interior de cada entidad, a nivel nacional, así como en acciones de inteligencia.

 El presidente del Casede, Raúl Benítez Manaut, refirió que en 2010 y 2012 se elaboraron dos atlas, con el apoyo de organismos internacionales; empero, el realizado en 2016 presenta un panorama completo del fenómeno de inseguridad y violencia.

 Agradeció el apoyo incondicional del Senado para la elaboración de esta obra, que incluye el análisis presupuestal de las corporaciones policíacas y de procuración de justicia, federales y estatales, así como de las Fuerzas Armadas, que son menores a los recursos de los que disponen las organizaciones delictivas.

 La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tiene uno de los presupuestos más bajos, comparado con países de América Latina, lo cual lleva a preguntar cómo se puede hablar de la militarización de la seguridad, cuando no se asignan los recursos suficientes, enfatizó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 Además hay deficiencias, como que, en números redondos, 90 por ciento del presupuesto total para seguridad se destina al pago de personal, 10 por ciento a la adquisición de equipo, y “casi nada” a la investigación, lo que provoca baja calidad y debilidad de las policías.

 Lorenzo Meyer Cossío, analista del Colegio de México, subrayó por su parte que el crimen organizado genera a nivel mundial 870 mil millones de dólares; de los cuales 320 mil millones de dólares provienen de las drogas, “y 10 por ciento de este dinero se maneja en México”.

 El factor económico está acompañado por la transformación de la delincuencia organizada, pues cada vez que “cae la cabeza” de un capo, se crean nuevos cárteles, más pequeños, pero el hecho es el que problema persiste, no se soluciona.

 El director asociado del Latin American Program, Woodrow Wilson Center, Eric Olson, al hablar de la corresponsabilidad en seguridad entre México y Estados Unidos advirtió que aun cuando se ha mantenido la política de la Iniciativa Mérida, se prevé que Estados Unidos busque una relación más estrecha en áreas específicas, por lo que las autoridades del Estado mexicano deben empezar a definir si mantendrán la cooperación con nuevas condiciones.