Por: Redacción/

La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a servidores públicos y empresas por presuntas irregularidades en la compra de equipo médico durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Señaló que luego de que no fueron recibidas en la Secretaría de la Función Pública, las presentó ante la Fiscalía a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

Gálvez Ruiz explicó que una de las denuncias se refiere a la compra de 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V. por un monto de un millón 550 mil pesos cada pieza, superior al precio en el mercado, cuya empresa es propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual Director de la CFE.

Añadió que además a esta empresa se le han asignado 18 contratos por un monto de 218 millones de pesos, de los cuales 11 fueron por adjudicación directa.

“La principal bandera de este gobierno es el combate a la corrupción, el Presidente nos ha dicho de manera reiterada que no pasa nada en el país sin que el Presidente no se entere. Por eso es importante el conflicto de interés para saber cuáles son las empresas que pudieran tenerlo”, señaló.

Ante la justificación del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social de que se compraron los ventiladores a la empresa que entregaba con tiempo, Gálvez Ruiz comentó que no se hubiesen esperado al mes de marzo o abril para adquirirlos, cuando en enero el mundo se mantenía en alerta ante una posible emergencia sanitaria.

Agregó que la segunda denuncia se refiere al incumplimiento de la empresa Levanting Global Servicios LLC con la entrega de los 2 mil 500 ventiladores, cuya empresa tiene un ramo petrolero y al parecer la investigan por irregularidades en otros países.

“Lo peor es que en medio de esta emergencia sanitaria las personas que padecen el Covid no contarán con esos respiradores. Ese es el fondo de la situación que se atenta contra la salud de los mexicanos”, afirmó.

La senadora panista explicó que para el caso de la primera denuncia los delitos que podrían haberse cometido son tráfico de influencias, encubrimiento, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones; mientras que en la segunda tráfico de influencias y afectación grave al consumo nacional.