Por: Redacción/

Para contribuir a ejercer el uso responsable de los recursos públicos por parte del Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías, autoridades capitalinas presentaron el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia, que permitirá establecer mecanismos para monitorear, investigar y prevenir el posible uso indebido o clientelar de los programas sociales en la capital del país.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Observatorio Ciudadano estará a cargo del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALÚA), para hacer una eficiente práctica del gasto público, ya que los programas sociales representan la ampliación de derechos y el acceso de apoyos por parte del gobierno para disminuir las desigualdades en la capital.

“A partir de ahora, los programas sociales y EVALÚA, van a tener un Observatorio Ciudadano de expertos, expertas, en estos temas que nos van a ayudar a evaluar los programas sociales y al mismo tiempo, a evitar que los programas sociales, las actividades institucionales, acciones institucionales, se conviertan en esquemas de clientela política y compra del voto”, reiteró.

La titular del EVALÚA, Araceli Damián González, destacó que el mecanismo pretende ser un lugar de encuentro para la generación de ideas, conocimiento y recomendaciones en las prácticas de la administración pública, que contribuyan a la consolidación de los derechos sociales y fortalecer el bienestar de los habitantes en la Ciudad de México.

“El Observatorio, que hoy se presenta, busca contribuir a recuperar, consolidar y a ampliar la calidad de nuestra democracia, a través de la promoción de un enfoque de derechos y de trabajo técnico encaminado al fortalecimiento de la política social”, apuntó.

Explicó que las acciones institucionales en beneficio de la sociedad deben llevarse a cabo para atender contingencias, emergencias o necesidades coyunturales. Por ello, se establecerán, con académicos, activistas e integrantes de organismos internacionales, mecanismos para prevenir y evitar la utilización ilegítima o arbitraria de los programas sociales, particularmente durante los periodos electorales.

“Para reforzar la tarea, vamos a proponer una reforma a la Leyes de Presupuesto y de Desarrollo Social con el propósito de establecer un nuevo esquema regulatorio para las acciones sociales o institucionales”, puntualizó.

Además, precisó que las acciones contarán con la participación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, así como la asistencia técnica en materia de la infancia por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los integrantes del Observatorio son: el director de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en México, Hugo Beteta; el director ejecutivo de OXFAM México, Ricardo Fuentes-Nieva; el director general de México Social y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Luis Fuentes.

También participan el investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Willibald Sonnleitner; los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo, y Lourdes Morales; y el profesor de la (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Juan Reyes del Campillo.

La coordinadora de la red por la rendición de cuentas del Observatorio, Lourdes Morales, detalló que los recursos públicos deben aprovecharse en beneficio del bien común, por lo que las prácticas serán evaluadas de manera autónoma y objetiva.

“La creación de este observatorio es pertinente y refleja además el compromiso de la administración de la Ciudad de México con la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el derecho a la buena administración”, dijo.

Detalló que en él se tienen contemplados tres ejes principales: congruencia con la política social en el país, particularmente en la Ciudad de México; transparencia y rendición de cuentas; generar instrumentos de medición oportunos y útiles que permitan conocer entre otras cosas la contribución específica de los gobiernos estatales en la reducción de la pobreza.