Por. Redacción/

La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) aseguró que, según datos de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el primer semestre de 2019 se presentó ante la autoridad migratoria a más de 33 mil menores migrantes, de los cuales el 25 por ciento no estaba acompañado.

Por ello, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 15, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de garantizar una vida libre de violencia a los menores migrantes.

La propuesta busca establecer que niñas, niños y adolescentes no sean expuestos a ningún riesgo o circunstancia que ponga en peligro su vida o en condiciones que obstaculicen su desarrollo integral y personal.

Puntualiza que el Sistema Nacional DIF o sus similares en las entidades deberán otorgar medidas especiales de protección a las y los menores de edad migrantes solos o acompañados que se encuentren en nuestro territorio.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que en 2018, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, las autoridades migratorias detectaron a 18 mil 300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De ellos, a 16 mil 162 los regresaron a sus países de origen.

De octubre de 2018 a febrero de 2019, se detectaron más de 14 mil niñas, niños y adolescentes, de los que casi 4 mil viajaban sin compañía. En cuanto a menores de edad migrantes mexicanos, en 2018 fueron deportadas casi 11 mil desde Estados Unidos, y de enero a mayo de este año fueron poco más de 5 mil.

En su fundamentación, el documento indica que en los últimos años, en todo el mundo han crecido los fenómenos migratorios asociados a la pobreza, desigualdad, abuso sexual, abandono o violencia y la falta de oportunidades laborales y educativas, problemas que han aumentado la migración de niñas, niños y adolescentes que viajan sin la compañía de sus padres, tutores o personas que les representen legalmente y les brinden protección.

“Dejan sus hogares para emprender viajes peligrosos en busca de sustento económico para sus familias; muchos de ellas y ellos huyen de la violencia intrafamiliar, la inseguridad, violaciones, explotación, pero son susceptibles de convertirse en víctimas de la delincuencia organizada que, aprovechándose de su vulnerabilidad, los utiliza para la comisión de delitos graves y se convierten en víctimas o victimarios”, alerta el texto.

Cuando cruzan por nuestro territorio nacional sus derechos humanos son frecuentemente violentados, sufriendo extorsiones, actos de discriminación, lesiones, violencia sexual, trata de personas, secuestros e incluso han llegado a perder hasta la vida.

“Los niños y las niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar”, enfatiza.

El interés superior del niño debe ser considerado primordial, además que la libertad es un derecho humano fundamental.

“Por lo anterior es necesario implantar mecanismos alternativos a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes, más efectivos y eficientes para proteger y respetar los derechos humanos de la niñez migrante, independientemente de su nacionalidad o situación legal”, puntualiza la iniciativa.